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Nuevo recorte del Estatut

La sentencia del TC ahonda la brecha entre Catalunya y España

La sentencia del Tribunal Constitucional recortando aún más el Estatut ha provocado una ahondamiento de la brecha existente entre Catalunya y España. Òmnium Cultural ha convocado una manifestación en defensa del derecho a decidir que cuenta con el apoyo de todos los partidos salvo el PP. Y mientras el presidente de la Generalitat, José Montilla, habla de «reforzar el pacto constitucional», CiU dice que la sentencia lo ha roto y ERC anuncia que no la acata.

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GARA | GASTEIZ

La decisión del Tribunal Constitucional de recortar aún más el Estatut de Catalunya aprobado en referéndum y que lleva ya cuatro años aplicándose abre una importante crisis entre la opinión pública catalana y las instituciones del Estado español. El presidente de la Generalitat, José Montilla, que al conocer el fallo se mostró «indignado» y anunció que «nos corresponde acatar la sentencia, pero acatar no significa compartir ni renunciar», trató ayer de buscar puntos de encuentro con el Estado. Dijo que pedirá una entrevista al presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, para «rehacer el pacto estatutario», viendo cómo se puede recuperar por otras vías lo perdido por el fallo del TC, y así «reforzar el pacto constitucional».

Pero a la vista de la brecha abierta, esa no es ya una tarea fácil. El presidente del Parlament, Ernest Benach, afirmó que la sentencia abre una «crisis de Estado» porque el fallo «ignora la voluntad de la ciudadanía».

También CiU lo ve así. Tras un encuentro de sus principales dirigentes, Artur Mas y Josep Antoni Duran i Lleida comparecieron para anunciar con cierta solemnidad de que el fallo no sólo le crea un «problema» a Cataluya sino «también a España», ya que representa el fin de la «interpretación amplia y flexible» del título autonómico de la Constitución, que ha prevalecido desde 1978.

Dado que pese a haber respetado todos los cauces constitucionales, ahora el Tribunal Constitucional dice que parte del Estatut «no cabe en la Constitución», esto «obliga» a Catalunya, según Duran, a «explorar nuevas vías», diferentes al camino de la reforma estatutaria, para alcanzar el grado de autogobierno que aprobó el pueblo en 2006.

Según informó la agencia Efe, ni Duran ni Mas quisieron descubrir cuáles deben ser esas «nuevas vías», si bien apuntaron que CiU irá «desgranando» en los próximos meses sus propuestas al respecto, que en buena medida pasan por ejercer el «derecho a decidir», consultando directamente a los catalanes sobre temas como por ejemplo el concierto económico.

También en ERC están indignados con la decisión del Tribunal Constitucional. Joan Puigcercós, anunció que Esquerra «no acata» la sentencia que recorta el texto del Estatut, ya que lo único que acata «es la voluntad del pueblo de Catalunya» expresada en las urnas, y propuso iniciar «una transición hacia la independencia».

Según explicó tras una reunión de la dirección de ERC, dicha transición «es el único camino que queda» tras «el fracaso del modelo autonómico». Hoy en día la independencia «es un objetivo posible y más realista» que la reforma del marco institucional español.

Sobre el período de «transición hacia la independencia», el presidente de ERC ha señalado: «los ciudadanos tenemos derecho a defender nuestras libertades mediante un referéndum». En la escenografía de la rueda de prensa había un nuevo lema, «adeu, España».

La Candidatura d'Unitat Popular emitió un comunicado en el que vuelve a apostar por la independencia de los Països Catalans y señala que la sentencia del TC supone «la muerte del autonomismo». Añade que «quienes creían de buena fe que la Constitución española tenía en su aparente indefinición la virtud de poder contener diferentes modelos, topan hoy con la cruda realidad de comprobar que su modelo territorial es la indisoluble unidad de España y el ejército como garante, un estado unitario con descentralización meramente administrativa». La CUT critica a «la clase política parlamentaria» y señala que su trabajo se centrará en buscar una mayoría social independentista que resultará imparable.

Manifestación unitaria

Como expresión de rechazo de la sociedad catalana a la sentencia del Tribunal Constitucional, Òmnium Cultural anunció ayer la convocatoria de una manifestación para el próximo 10 de julio con el lema «Som un nació. Nosaltres decidim». La presentación de la convocatoria corrió a cargo de Muriel Casals, Pepe Álvarez, Joan Carles Gallego, Salvador Giner y Jordi Porta, quienes explicaron que se exigirá «respeto a la voluntad del pueblo catalán. Catalunya, como toda nación, tiene el derecho -inalienable por ninguna constitución- de decidir libremente su futuro y aspirar, si quiere, a la plena soberanía».

La manifestación cuenta ya con respaldo institucional y el apoyo de PSC, CiU, ERC, ICV, CCOO, UGT, Intersindical e IEC, a los que los convocantes esperan que se sumen nuevos colectivos y organizaciones.

En Madrid, a lo suyo

Pese a la contundencia de la respuesta de la mayoría política, institucional y social catalana, el Gobierno español, el PSOE y el PP parecen vivir en un mundo ajeno a él.

Por ejemplo, las reacciones del Ejecutivo español se han centrado desde un inicio en presentar las sentencia de Tribunal Constitucional como un castigo al Partido Popular. Ayer mismo el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, declaraba que el fallo es «una goleada absoluta a la posición del PP» y que, además, «no atenta contra nadie».

Caamaño añadió que es «una buena sentencia» con la que «se ha conseguido establecer un diseño del Estado de las Autonomías, que arranca con el Estatuto de Catalunya, pero que se ha trasladado a otros muchos estatutos».

El portavoz del PSOE en el Congreso, José Antonio Alonso, quiso moderar ante la prensa madrileña la reacción del presidente de la Generalitat, explicando que «acata y respeta» la sentencia, aunque es normal que los partidos catalanes critiquen algunos puntos del fallo. Pero quiso fijarse más en que la decisión del TC ha sido un «bofetón» al PP.

Desde este partido, Mariano Rajoy, aseguró que la sentencia «mejora aspectos muy importantes» del Estatut y recalcó que «no es momento de excesos» e hizo un llamamiento a la «serenidad» y a «recuperar los grandes consensos de la Transición».

En sus declaraciones, Mariano Rajoy también quiso dejar constancia de que ha quedado demostrado que en España las instituciones funcionan, «aunque a veces, y esto habrá que arreglarlo en un futuro, lo hagan con retraso».

Una nación retórica en la indisoluble unidad española

Después de cuatro años, el Tribunal Constitucional español ha decidido que consiente que Catalunya se llame nación a sí misma, porque al figurar así tan sólo en el preámbulo del Estatut, dicha afirmación carece de valor jurídico alguno. Porque lo que sí tiene norma de ley y valor absoluto es la «indisoluble unidad de la nación española», que hasta en ocho ocasiones se cita en la sentencia. En cuanto a los «símbolos nacionales», se admiten como expresión de «nacionalidad» no de «nación».

Tras el primer cepillado sufrido en las Cortes españolas, el Estatut de Catalunya ha vuelto a ser recortado por el Tribunal Constitucional español, ante el que había sido recurrido por el PP y también por el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica Herzog. La sentencia declara inconstitucionales 14 artículos y reinterpreta otros 23.

Entre los artículos prohibidos se encuentra la declaración de que el catalán es de uso «preferente» en las administraciones públicas. Tampoco admite el carácter vinculante de los dictámenes del Consejo de Garantías Estatutarias con respecto a las leyes que desarrollen o afecten a los derechos reconocidos en el Estatut, ni el carácter exclusivo del Síndic de Greuges en la supervisión de la actividad de la Generalitat. Todos los artículos referidos al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y al Consejo de Justicia han sido recortados o reescritos hasta hacerles perder su sentido original y dejar al Consejo de Justicia sin poder alguno. También «constitucionaliza» artículos referidos a las competencias compartidas, la normativa de cajas de ahorro y otras entidades de crédito, el establecimiento de tributos propios de los gobiernos locales.

El Tribunal Constitucional también ha dictado cómo tienen que entenderse otros 23 artículos del Estatut, por ejemplo el referido a los derechos históricos que en ningún caso son equiparables a los vascos. El deber de saber catalán no debe ser tampoco interpretado como una obligación jurídica exigible con carácter generalizado. Otros aspectos, como las inversiones que el Estado debe hacer en Catalunya o el porcentaje de cesión de tributos, sólo tendrán validez cuando cuenten con el visto bueno del Gobierno español y de las Cortes.

La sentencia del TC otorga, por contra, plena validez constitucional a 74 de los 114 artículos recurridos por el PP, a los que no ha realizado ningún tipo de tacha o enmienda. GARA

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