(...) la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó ayer la liberación de 12 simpatizantes e integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), entre los que se encuentra Ignacio del Valle -condenado a 112 años de prisión por «secuestro equiparado» y ataques a las vías de comunicación-, quienes permanecían en prisión desde los enfrentamientos en San Salvador Atenco y Texcoco ocurridos en mayo de 2006. (...)

La resolución comentada constituye un hecho positivo y saludable por cuanto implica la reparación de una profunda injusticia: debe recordarse que los presos de Atenco, al igual que muchos de los habitantes de esa localidad mexiquense, fueron víctimas de un acto de represión y uso desmedido de la violencia por parte del Estado, que derivó, como han documentado diversos organismos defensores de derechos humanos, en violaciones, golpizas, detenciones arbitrarias, incomunicaciones, allanamientos de morada, robo de pertenencias a manos de policías estatales y federales, así como en la muerte de dos personas. (...)

No obstante, la determinación de la Corte no alcanza a reparar el enorme sentir de extravío en los aparatos estatales de procuración e impartición de justicia(...)

Sería erróneo, en suma, considerar que la liberación de los presos atenquenses pone punto final al episodio: antes bien, este hecho debe ser la primera de una serie de acciones orientadas a reparar el daño causado a los activistas, dentro de las cuales deberán incluirse las correspondientes investigaciones en contra de los funcionarios estatales y federales, así como de los integrantes del Poder Judicial que los mantuvieron injustamente encarcelados durante cuatro años. (...)