La portada del último número del influyente semanario mexicano «Progreso» era contundente y no dejaba lugar a ningún género de dudas: sobre un mapa de México, el titular decía «4 de julio, narcoelecciones». Y no es para menos.

A estas alturas, muy pocos analistas dudan de que los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los cárteles de la droga que pugnan por el control de las rutas y los mercados de lo ilícito influirán de manera directa en los comicios estatales que se celebran hoy en 14 de las 32 entidades federativas de la República, doce de las cuales eligen gobernador.

En ese sentido, la noticia de la ejecución en plena campaña -y junto a cuatro de sus colaboradores- del candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI, derecha neoliberal) Rodolfo Torre Cantú, favorito para hacerse hoy con las riendas del Gobierno de Tamaulipas, saltó el 28 de junio y es el crimen con mayores connotaciones políticas desde que en 1994 acribillaran al candidato príista a la Presidencia Luis Donaldo Colosio.

Un día después de tener conocimiento de lo sucedido, el presidente panista, Felipe Calderón, saltó a la palestra y añadió la muerte de Torre -que será reemplazado por su hermano Egigidio en las urnas- a la larga y parece que interminable lista de daños colaterales provocados por la guerra contra el narcotráfico que él mismo encabeza desde el año 2006.

De este modo, el inquilino de Los Pinos desterró a Torre y sus compañeros al olvido, como si hubieran muerto en enfrentamientos entre bandas o por ser sicarios. Al calificarlo de un episodio más de esta guerra cuyo final no se intuye cercano, la Presidencia mexicana no contempló -ni como mera hipótesis- la posilidad de que entre los motivos que provocaron este hecho estuvieran los de de índole política y electoral.

Es cierto que Tamaulipas es un Estado fronterizo con EEUU y posee una amplia costa en el Golfo de México, por lo que es un punto estratégico para el tránsito de cientos de toneladas de cocaína hacia el principal mercado, el estadounidense. Cierto es también que la ambición por controlar este enclave enfrenta desde hace meses al cártel del Golfo con sus antiguos aliados Los Zetas, grupo creado por ex militares de élite.

Estas muertes constituyen un claro y contundente mensaje que envían los cárteles, para presentar a México como un Estado débil con gobiernos capturados por grupos criminales. No hay duda de que se ha cruzado la delgada línea roja que separa la guerra contra el narcotráfico y la guerra contra lo político.

El periodista mexicano Julio Hernádez López en «La Jornada» lo interpretó como «la inviabilidad electoral demostrada a punta de cuerno de chivo, las pugnas entre grupos políticos llevadas a su expresión terminal, la vida institucional convertida en esquirla o casquillo detonador».

A Felipe Calderón le interesa situar las muertes, las amenazas y los ataques en el contexto del tráfico de drogas. Así, obviando las motivaciones políticas, puede permitirse volver a hacer apología de su estrategia e insistir en que la acción conjunta es la única vía para combatir este mal endémico. Como si él mismo no hubiera ayudado a caldear el ambiente hasta el punto de hacer tambalear y mantener en vilo los comicios de varias entidades federativas, tales como Sinaloa, Chihuahua, Durango o Tamaulipas, todas ellas al norte del país y marcadas por la violencia ligada al narcotráfico.

Este 4 de julio se ha convertido en una suerte de ensayo general para las elecciones presidenciales que tendrán lugar en 2012, por lo que Calderón no puede permitirse que el partido tricolor le gane por goleada.

El líder del oficialista Partido Acción Nacional, César Navas, ya había advertido con anterioridad de que el principal objetivo de su bancada es derrotar a los «señores feudales» del PRI, pese a que estos últimos tienen consigo a las encuestas de opinión, que les otorgan la ventaja en cuanto a intención de voto en 8 de las 12 gobernaturas, algunas de las cuales, como Oaxaca o Sinaloa, siempre han estado bajo el cacicazgo príista.

La debacle de los panistas no es algo que haya aflorado de la noche a la mañana, sino que se ha venido gestando a lo largo de una legislatura en la que han perdido 120 ediles curules. Precisamente mañana, 5 de julio, se cumple un año desde que los príistas -que gobernaron el país durante 70 largos años- recuperaran la batuta en el Senado mexicano.

En caso de revalidar esta renta y de que cosechen otro triunfo arrollador en estos comicios estatales, el camino del PRI y de quien se prevé sea su abanderado, el actual gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, hacia Los Pinos estaría mucho más despejado.

En esa carrera todo vale, y los partidos echarán mano de todo aquello que esté a su alcance. Sea una alianza casi mutante entre PAN y PRD para desbancar juntos al PRI, sea reforzando la ya conocida táctica de meterle miedo en el cuerpo a la ciudadanía, que desde hace mucho tiempo acude a depositar su voto sabedora de que en su país está prohibido competir electoralmente sin el beneplácito de las mafias criminales.