A la sorpresa inicial que causaron las palabras de un mandatario, Porfirio Lobo, que aún carece de reconocimiento internacional, siguió la búsqueda de una explicación a sus temores.

Según se ha podido establecer, el problema radica en una lucha por el poder, aun dentro de sectores afines, lo que revela que el golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya no alcanzó los objetivos de quienes lo propiciaron, tanto dentro como fuera de Honduras. Y es que ninguno de ellos entendió lo que le sucedía al país.

Les resultó muy fácil aplicar las fórmulas publicitarias emanadas del Pentágono y el Departamento de Estado estadounidenses y decidieron que había que sacar a Manuel Zelaya porque el empresario y latifundista se había vuelto «chavista», lo que era un peligro para el vecino del norte.

En esta óptica ciega, se ha cumplido un año del golpe de Estado y las cosas han cambiado, pero en contra de los intereses de los golpistas.

Como sucede en toda América Latina, los pueblos tienen clara conciencia de sus derechos y reclaman su reconocimiento.

En Honduras se daba la misma situación y Manuel Zelaya lo comprobó cuando como ministro debió enfrentar el desastre causado por el huracán Mitch y lo hizo con amplia participación popular.

Continuó en esa línea como presidente y es sabido que no violó ni la ley ni la Constitución al convocar a la consulta que debió realizarse el 28 de junio de año pasado, día en que de madrugada se dio el golpe de Estado, contraviniendo las instrucciones estadounidenses de destituirlo por acuerdo del Congreso.

Por eso, después intentaron fundir los dos actos en uno solo para justificarse, cuestión que no llegaron a conseguir.

Pero lo más importante sucedió a nivel popular, la resistencia al golpe de Estado empezó el mismo día y se ha fortalecido hasta tal punto que ya es una fuerza a la que no se puede desconocer, y Porfirio Lobo lo sabe.

Sabe también que ese movimiento seguirá adelante aunque al presidente Zelaya no se le permita regresar al país, y Lobo prefiere que regrese.

Aunque el presidente en ejercicio no dio nombres de los que propician un golpe en su contra, en los medios políticos hondureños se barajan algunos.

Se menciona a Ricardo Álvarez, alcalde de Tegucigalpa, que incluso quiso ser el candidato del Partido Nacional en las elecciones de noviembre pasado, en lugar de Lobo, quien le ganó en la lucha interna.

Otro opositor a Lobo sería el diputado Irías Navas, también del Partido Nacional. Navas quiso ser presidente del Congreso y fue derrotado por Juan Hernández, allegado a Lobo, al que se considera su posible sucesor en las próximas presidenciales, dada la desunión reinante en el ahora opositor Partido Liberal, al que pertenecían Zelaya y el golpista Roberto Micheletti.

Pero los escollos más grandes para que Honduras regrese a la normalidad democrática se encuentran en la Corte Suprema y en la Fiscalía de la Nación. Estas dos instancias judiciales, que participaron en el golpe de Estado y que a posteriori presentaron incluso documentos para justificarlo, se oponen al regreso del presidente Zelaya, reclamado por el europeo Grupo de los 16, América Latina y Japón.

Hasta Estados Unidos admite que su regreso es ineludible.

Pero también están los grupos de la élite económica, entre los que se encuentran la mayoría de los ex presidentes de la República centroamericana.

El grupo más importante maneja los contratos y negocios del Estado y hay otro sector que también quiere tener acceso a ellos y presiona a Lobo para que abra el espectro comercial.

Desde el punto de vista internacional, la presión se está ejerciendo en el cambio constitucional por parte el Congreso de la Corte y de la Fiscalía para que sus nuevos miembros deroguen las sentencias que impiden el regreso de Zelaya.

Éste sería el punto que teóricamente permitiría el retorno de Honduras a la Organización de Estados Americanos (OEA) y el reconocimiento de Lobo como presidente.

Pero en el horizonte latinoamericano surgen otros problemas, como el que representa el acuerdo de los partidos derechistas de la región, que reunidos en Copacabana, Brasil, acordaron impulsar reformas a la OEA para introducir en la Carta Democrática mecanismos que impidan las consultas populares, lo referendos y las asambleas constituyentes.

Aunque lo dijo con otras palabras, el embajador chileno en la OEA, autor de la moción, mencionó directamente a Venezuela, Bolivia y Nicaragua.