El 15 de julio arranca en Madrid el juicio contra Udalbiltza. Un proceso judicial que sigue la estela del «todo es ETA» que han dejado otros sumarios como el de «Jarrai-Haika-Segi», el 18/98 o el llevado a cabo contra Gestoras pro-Amnistía y Askatasuna. Veintidós ciudadanas y ciudadanos vascos se sentarán en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional española por el trabajo desarrollado en la asamblea nacional de electos.

En esta ocasión, la diferencia estriba en que entre los encausados se encuentran alcaldes y concejales que, junto a algunos trabajadores, impulsaron Udalbiltza y los proyectos desarrollados por el ente de forma pública.

La Fiscalía pide para cada uno de ellos penas que oscilan entre los 10 y 15 años de cárcel. En concreto, reclama las penas máximas para el antiguo alcalde de Ondarroa y presidente de Udalbiltza, Loren Arkotxa; el ex alcalde Oiartzun Xabier Iragorri; el que fuera edil de Urretxu Joseba Garmendia; y Xabier Alegria. Este último fue en su día concejal en Lezo y uno de los que participó en la constitución de Udalbiltza formando parte de la Comisión Permanente; en estos momentos se encuentra en prisión tras ser condenado en el macrosumario 18/98.

No es el único caso, ya que otra de las acusadas, Mirian Campos, también está en la cárcel por la misma causa. Para ella, como para el resto de imputados, el Ministerio Público pide 10 años de cárcel y les acusa de «integración» en ETA. A los otros cuatro encausados les imputa también el delito de «malversación de caudales públicos».

La asociación ultraderechista Dignidad y Justicia ejerce de acusación popular y aumenta las peticiones hasta los 22 y 14 años, respectivamente.

Asimismo, ambas acusaciones solicitan la clausura definitiva y liquidación de Udalbiltza, del Consorcio Udalbiltza y del Fondo Vasco de Cohesión y Desarrollo. Impulsar la creación de estas dos entidades públicas -que siguen el modelo de cooperación transfronteriza a nivel europeo-, la expedición del EHNA, organizar conferencias de paz, recaudar fondos para ayudar a proyectos empresariales en Zuberoa, y suscribir acuerdos con entidades sociales y culturales del país son los delitos que se les imputan. También se relaciona a seis de los procesados con las plataformas electorales de AuB ilegalizadas en 2003.

El plan de gestión fue aprobado y llevado a cabo tras la asamblea celebrada en el Kursaal en febrero de 2001 para impulsar Udalbiltza. Tan sólo participaron concejales de la izquierda abertzale e independientes, a pesar de que durante meses estuvieron intentando que acudieran el resto de ediles realizando llamamientos públicos para que se celebrara el acto que había sido pospuesto por PNV y EA. Las acusaciones sostienen que es a partir de ahí cuando la institución desarrolla su trabajo siguiendo «directrices de ETA», sin argumentar el porqué del carácter delictivo.

El precedente de «Egunkaria»

El juicio se celebrará en la Sección Primera de la Sala de lo Penal y el tribunal estará presidido por el juez Javier Gómez Bermúdez. Es la misma Sala que decretó la absolución de los procesados en el «caso Egunkaria».

Existen varias similitudes entre ambos sumarios. Las defensas de Udalbiltza entienden que, siguiendo la sentencia sobre el diario, debería dictar la absolución. Sostienen que no hay pruebas que justifiquen las acusaciones, como reconoció el tribunal en la sentencia emitida el pasado mes de abril. Para empezar resaltan que no hay delito en las actividades imputadas, ya que son totalmente legítimas, y recuerdan que eran totalmente públicas, puesto que se tomaron en asambleas abiertas de las que se dio cuenta en los medios.

También señalan que las imputaciones concretas no están individualizadas, como exige la legislación española, y que tampoco se relaciona la actividad de cada uno ni las órdenes que habrían recibido de ETA.

Sobre las pruebas presentadas por las acusaciones, llama la atención que utilicen una supuesta carta de la organización armada pidiendo al futbolista Bixente Lizarazu que contribuya económicamente en favor de instituciones como Udalbiltza o medios de comunicación. Ésa y la recaudación para desarrollar un proyecto en Zuberoa son las «pruebas» presentadas para justificar la «malversación» de dinero público. Esa misma carta fue presentada también en el proceso contra «Egunkaria» y el tribunal la rechazó. En esa resolución tampoco se aceptaron las pruebas periciales argumentando que es labor del tribunal, y no de los guardias civiles, analizar los documentos incautados a ETA.

Los encausados han denunciado esta semana que el tribunal ha limitado «drásticamente» su derecho a la defensa al no admitir a la mayoría de los testigos que pretendían explicar cómo ha sido su relación con Udalbiltza. Según informaron, tan sólo se ha admitido a 20 de los 140 testigos propuestos y destacaron que no se ha aceptado a ninguno de los planteados desde el ámbito internacional.

El juicio se celebrará en cuatro sesiones durante el mes de julio -los días 15, 16, 22 y 23- y se retomará en el mes de setiembre.