La cuestión de los disidentes presos en Cuba está siendo estos días noticia en la prensa española como consecuencia de la visita que el ministro de Exteriores ha hecho a la isla caribeña y el anuncio de liberación de decenas de encarcelados. En periódicos, radios y televisiones se habla sin ningún problema de «presos políticos», aunque muchos de ellos estén acusados de participar en actividades sedicentes e incluso armadas. Han dado también una cifra total de presos políticos: 167.

Bien está preocuparse por el respeto de los derechos de humanos en el mundo, pero todos esos medios españoles harían mejor en aplicarse el dicho de que «la caridad bien entendida empieza por uno mismo». Podrían, por ejemplo, preguntarse: «¿Hay presos políticos en las cárceles españolas?». La respuesta inmediata, la lección bien aprendida, el reflejo condicionado por años de propaganda sería: «No, sólo hay terroristas y delincuentes». Bueno, para salvar el instinto más primario podrían añadir: «¿Hay personas que no han empuñado un arma, ni han prestado infraestructura, colaboración o auxilio a miembros de una organización armada, ni han participado en el seguimiento y señalización de objetivos y están en prisión sólo por defender sus ideas políticas?». «¡Son todos terroristas!», volverían a gritar con fuerza editorialistas, columnistas y tertulianos.

Comienza el próximo jueves en la Audiencia Nacional el juicio contra 22 alcaldes y concejales acusados de integración en organización terrorista. Las peticiones de cárcel van de 10 a 15 años. Repasen sus currículos. Estudien las acusaciones. ¿Puede realmente decirse que son terroristas? Si fueran disidentes cubanos les llamarían presos políticos en primera página. ¿Y a los 37 encarcelados por el macrosumario 18/98? Entre ellos están los responsables de «Egin». Si fueran cubanos los llamarían «periodistas independientes» y hasta «héroes de la libertad de expresión». Hay más de 75 presos acusados de ser de Jarrai, Haika o Segi a los que no se les ha podido imputar más delito que ser miembros de esas organizaciones juveniles. Ni una sola prueba de haber lanzado un cóctel molotov o de haber realizado acción violenta alguna. Si estuvieran en una cárcel cubana serían «jóvenes rebeldes» para la prensa española. Y qué decir de las decenas de dirigentes de Batasuna procesados por hacer política. Si Arnaldo Otegi fuera un disidente cubano habría organismos pidiendo para él el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia.

Si no quieren admitir que los miembros de ETA son presos políticos, limítense a sumar a todos los independentistas vascos que están en la cárcel sin haber ingresado nunca en la organización armada y hagan cuentas. Quizá la Iglesia católica debiera empezar a mediar ante el Gobierno español.