Ernestina contó que en 1976 se presentó en el juzgado de menores de San Isidro (exclusivo municipio bonaerense) para solicitar la custodia de una beba encontrada en la puerta de su casa. «Estaba en una caja de cartón y ya le puse nombre. Se llama Marcela», declaró.

Sin titubear, la juez titular de la institución le concedió la tenencia instantánea. Ernestina registró a Marcela con el apellido de su finado esposo, Noble, Roberto Noble, fundador del diario «Clarín». Pocos días después, otra mujer que aseguraba ser la madre de un bebé recién nacido, se presentó en el mismo juzgado para que lo dieran en adopción. La juez se comunicó con Ernestina:

«Acá hay otro niño para adoptar. ¿Le interesa?».

Marcela y Felipe Noble fueron felices y, como en las películas de Libertad Lamarque, llegó el día en que los niños supieron que su mamá adoptiva era la mujer más influyente y poderosa de Argentina, con una fortuna calculada en más de mil 500 millones de dólares. Pero, claro, los chicos crecen.

A mediados de los años 80, María Isabel Chorobik Chicha Mariani (una de las 12 mujeres que en 1977 fundaron Abuelas de Plaza de Mayo), detuvo la mirada en una fotografía en la que Ernestina aparecía con sus hijos. Clavó los ojos en el rostro de Marcela y, ahogando un suspiro, pensó: qué parecida a Diana...

El 24 de noviembre de 1976, Diana Teruggi Mariani y tres militantes de Montoneros habían caído en combate librado contra los militares en su casa de la ciudad de La Plata. El grupo enfrentó a tanques, bazucas, morteros y más de 200 soldados. Al empezar el fuego, Diana escondió en una bañera a Clara Anahí, de tres meses, cubriéndola de cojines. La beba fue la única sobreviviente de la masacre.

Así empezó el calvario y peregrinar de la abuela Chicha por dependencias oficiales, despachos de abogados, pláticas con políticos, autoridades eclesiásticas y medios de comunicación que, como «Clarín», cerraban filas con el terrorismo de Estado. Años en que los argentinos preferían no darse por enterados, y sin imaginar que las Abuelas se convertirían en el servicio de inteligencia más efectivo, humanitario y transparente del país.

Alguien informó a la abuela Chicha que debía buscar a Clara Anahí entre los dueños de «Clarín». Versión que se tomó con pinzas, pues el informante era un conocido gestor político de los militares. Pero la ansiedad se disparó cuando un par de religiosos de la arquidiócesis de La Plata le confesaron que la niña estaba con gente «de mucho poder».

En 1984, ya en democracia, las Abuelas celebraron la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). Reglamentado por ley en 1987, el BNDG continúa cumpliendo un rol fundamental en la filiación de desaparecidos, y en la recuperación de la identidad de los bebés secuestrados o nacidos en cautiverio.

Cuando la Chicha cumplió 72 años (1995), el cielo le envió un regalo: la denuncia presentada ante la justicia por Ana Elisa Feldmann, diciendo que las actas de nacimiento de Marcela y Felipe habían sido amañadas. Denuncia extraña, pues su esposo, Emilio Jaján, era sentenciado ese mismo día a un año y medio de prisión por intento de estafa en un pleito procesal contra Ernestina Herrera de Noble.

Al parecer, el pleito con la dueña de «Clarín» era por despecho económico. Por orden de Ernestina, Jaján debía cumplir una misión en México: auscultar la documentación relativa al primer matrimonio de Roberto Noble con la mexicana Guadalupe Zapata, con quien había tenido una hija: Lupita. O sea, la única Noble a la que Ernestina calificaba de «hija extramatrimonial» y, por tanto, omitió en los trámites de adopción de Marcela y Felipe.

La denuncia de la señora Jaján fue desestimada en tres ocasiones. Hasta que en diciembre de 2002, el juez Roberto Marquevich tomó el caso. Ernestina fue detenida por «supresión de estado civil, retención de menores y falsificación de documento público». Delito imprescriptible y de lesa humanidad en la justicia argentina.

La dueña de «Clarín» pasó tres días en la cárcel. El escándalo estalló en los medios, y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) aulló: ¡atentado a la «libertad de expresión»! Ernestina salió de prisión bajo fianza, y el juez Marquevich se quedó sin empleo. Pero la doña ya caminaba con la soga al cuello.

Las Abuelas exigieron que Marcela y Felipe visitasen el BNDG para cotejar sus ADN con los de la familia de la Chicha. Los jóvenes se negaron aduciendo que el examen podría producirles un «shock emocional». No era la primera vez. Otros supuestos hijos de desaparecidos se negaban a hacerse estas pruebas.

En diciembre pasado, Marcela y Felipe aceptaron que se les tome muestras de sangre. Mas no en el BNDG, como dicta la ley para cotejar datos, sino en el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial.

El 3 de mayo, sigilosamente, Ernestina partió a Uruguay. Fuentes de Migraciones de este país confirmaron que dos días después, se embarcó con rumbo a Estados Unidos. Naturalmente, «Clarín» calla. Y los tartufos medios de la SIP, también callan. ¿O a poco no sabía usted que, según la SIP, en Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina, la «libertad de expresión» corre peligro?

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