Hay que recordar que el sumario contra Udalbiltza, por el que veintidós ciudadanos y ciudadanas vascas están llamadas a acudir hoy a la Audiencia Nacional bajo la amenaza de durísimas penas de cárcel, es parte de una estrategia diseñada por el PP, que gobernaba en Madrid en el momento en el que la doctrina de «todo es ETA» comenzó a aplicarse a todo tipo de asociaciones y entidades políticas, sociales y culturales vascas. El Gobierno de Rodríguez Zapatero llegó al poder defendiendo que en el mundo podía haber cosas que no fuesen ETA, pero pronto asumió el legado que en forma de macrosumarios contra organizaciones políticas, medios de comunicación y asociaciones varias le dejó José María Aznar.

Cada uno de esos macrosumarios tenía una o varias características que lo hacían particular y a su vez particularmente grave desde un punto de vista democrático y jurídico: afectar a derechos fundamentales como el de la libertad de expresión, basarse en declaraciones logradas bajo torturas, suponer un ataque contra el euskara, conllevar la criminalización de todo un sector social como es la juventud... La particularidad del juicio contra Udalbiltza es que se juzga a electos por la labor política y pública que desarrollaron en cumplimiento de su mandato electoral. Asimismo, todos esos sumarios han tenido un elemento en común: la evidente motivación política de estos juicios y la vulneración de las garantías mínimas que un proceso penal debe tener en un estado de derecho.

Los electos y representantes de Udalbiltza que se sentarán hoy en el banquillo de los acusados en Madrid han defendido públicamente la construcción nacional de la nación vasca, y por eso los juzgan. Encausarlos por «terrorismo» dice mucho sobre la concepción política dominante en el Estado español. Muestra su obsesión por la destrucción frente a, por ejemplo, el deseo de construcción de los pueblos vasco y catalán.