Me llamo Jorge Freytter, y soy hijo del profesor universitario y líder sindical Jorge Adolfo Freytter Romero, asesinado el 28 de agosto de 2001 en Barranquilla, Colombia, a manos de miembros del GAULA.

Mi padre fue profesor de la Universidad del Atlántico, ubicada en Barranquilla, y un importante líder sindical en la región norte de Colombia. Estuvo muy involucrado en los años 70 en el movimiento estudiantil y destacó como un incondicional defensor de la educación pública. También fue miembro activo de la Asociación de Jubilados de la Universidad del Atlántico.

Fue secuestrado, torturado y asesinado en 2001. Por esa fecha, universidades del atlántico y de la costa caribeña comenzaron a manifestarse en contra de diferentes políticas llevadas a cabo por el Gobierno colombiano. Por un lado, se estaba aplicando un alzamiento en el precio de las matrículas, y asimismo, se estaban incumpliendo una serie de garantías del sector de los pensionistas. Durante varias semanas, estas universidades estuvieron en paro en señal de protesta.

Ya desde 1998, en la Universidad del Atlántico y en sus alrededores, empezaron a repetirse las amenazas y los seguimientos a líderes sindicales, profesores, y al fin y al cabo, a todas aquellas personas que se atrevían a alzar la voz contra el Gobierno y sus políticas.

Un 28 de agosto de 2001, mi padre fue el elegido. No había recibido amenazas directas previamente, pero sí había sido retenido e interrogado por la Policía Nacional. Ese día estival, salía de una asamblea y llegando hacia casa, dos hombres lo detuvieron a plena luz. Al día siguiente, su cuerpo apareció con visibles señales de tortura en un paraje que conduce del departamento del Atlántico al de Magdalena.

Este mes de julio han sido juzgados un soldado y un polícia y condenados a 35 años de prisión por el asesinato de mi padre.

Estos dos individuos pertenecían a GAULA, un grupo antisecuestro que se ha visto en diversas ocasiones involucrado en diferentes asesinatos.

El caso de mi padre no es el único. Lo han seguido y precedido una larga lista de asesinatos selectivos contra profesores, sindicalistas y estudiantes en Colombia. Son crímenes que provienen directamente de lo que se les denomina «fuerzas oscuras»; el mismo Gobierno, grupos paramilitares y de extrema derecha cuyo único objetivo es silenciar las voces críticas que cuestionen su política.

El caso de mi padre aumentó la presión a nivel local, regional e internacional para denunciar estos crímenes, que son, en definitiva, asesinatos contra la propia humanidad.

A partir de las investigaciones, salió a la luz la verdad de que existía y sigue existiendo hoy en día una conexión entre los grupos paramilitares de la zona norte, al mando de Jorge Cuarenta, y los grupos como GAULA, para poder realizar operaciones al margen de la ley y secuestrar, torturar y ejecutar a todo aquel que no está conforme con lo establecido.

Pero, como siempre, es muy díficil que la verdad salga a la luz cuando los encargados de hacerlo no son trigo limpio.

Tras el asesinato de mi padre, ha sido muy fuerte la presión que hemos tenido que realizar contra la Fiscalía e instituciones para conseguir un resultado contundente y verdadero. Y es que, muchas de estas instituciones, están permeadas por los grupos que encabezan las ejecuciones. Pero luchando y alzando la voz, poco a poco todo se consigue.

El coletivo de abogados Jose Alvear Restrepo es uno de los ejemplos de aquellos que están presionando y trabajando para que todas las personas sin excepción que forman parte en estos crímenes sean juzgados e interrogados.

Junto a este colectivo, diversos grupos trabajan también para hacer justicia y resaltar la memoria de las personas víctimas de los crímenes de Estado. Por un lado, está el movimiento de hijos de líderes de izquierda y por otro lado el Movimiento de las Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), que toman un papel muy importante en mantener la lucha para que la verdad no sea enterrada y olvidada, y para que finalmente, se consiga una Colombia diferente, donde la barbarie no sea el pan del día a día.

Actualmente, persisten los asesinatos contra líderes y no cesan las amenazas y los seguimientos. Alrededor de un 35 % de los casos no son finalmente esclarecidos y la sensación de inseguridad es permanente.

El Gobierno sabe exactamente que en estos crímenes hay una participación directa con el Estado, y es que los autores de las ejecuciones son miembros activos de las fuerzas del orden y la seguridad del Estado. Pero, lamentablemente, no asume una posición.

Este 7 de agosto termina un periodo uribista macabro, y otra figura continuará ejerciendo la misma política. Necesitamos que la comunidad internacional corte el grifo a Colombia y a todas esas organizaciones que promueven una falsa defensa de los derechos humanos.

Aunque ahora todo se vea un poco gris, mientras la sociedad siga organizándose y respondiendo ante lo que es sin duda una aberración y un crimen contra la humanidad, la esperanza no estará perdida.