El Gobierno francés endurecerá su política contra la etnia gitana, al anunciar ayer el desmantelamiento, en el plazo de tres meses, de la mitad de los campamentos ilegales de romaníes y nómadas y la expulsión a sus países de origen de los miembros de esas comunidades que hayan cometido algún delito, medidas que fueron criticadas por diversas organizaciones que denunciaron la «estigmatización» de esa población.

El presidente galo, Nicolas Sarkozy, había convocado a sus ministros a una reunión para analizar la situación de este colectivo tras los graves incidentes registrados en Saint Aignan hace unos días días después de que la Policía matara a un joven gitano durante una persecución. La reunión de alto nivel se repetirá dentro de tres meses.

Tras el encuentro, el ministro francés de Interior, Brice Hortefeux, anunció el desmantelamiento en este plazo de la mitad de los campamentos ilegales de gitanos, y mencionó también las deportaciones «casi inmediatas» a Rumanía y Bulgaria de los gitanos que hayan cometido delitos, informó AFP.

Hortefeux cifró en casi 300 el número de campamentos «ilegales» identificados, ubicados a menudo en los suburbios, algunos de los cuales, según París, «son origen de tráficos ilícitos y de explotación de los niños para la mendicidad, la prostitución o la delincuencia».

Según AFP, el Estado francés, va a solicitar el traslado de una veintena de policías rumanos y búlgaros a París, que es donde se instalan a menudo estos campamentos. Al mismo tiempo, el Gobierno pretende que efectivos de la Policía francesa sean asignados a Rumanía y Bulgaria para reforzar la lucha contra los tráficos ilegales.

El Elíseo indicó en una nota que Sarkozy pidió al Ejecutivo que «procesa al reenvío a la frontera de todos los nacionales de Europa Oriental en situación irregular en Francia», y precisó que, «antes de fin de año, una reforma de la ley de inmigración facilitará la puesta en marcha de medidas de alejamiento de esas personas por razones de orden público».

Las organizaciones que defienden los derechos humanos criticaron duramente la reunión, aunque también señalaron que este tipo de actuaciones ya se estaban llevando a cabo.

Las asociaciones gitanas denunciaron que se trataba de una «declaración de guerra». Su abogado, Enrique Braun, dijo que «por primera vez desde la liberación asistimos a una política de discriminación racial».