El Gobierno franc�s endurecer� su pol�tica contra la etnia gitana, al anunciar ayer el desmantelamiento, en el plazo de tres meses, de la mitad de los campamentos ilegales de roman�es y n�madas y la expulsi�n a sus pa�ses de origen de los miembros de esas comunidades que hayan cometido alg�n delito, medidas que fueron criticadas por diversas organizaciones que denunciaron la �estigmatizaci�n� de esa poblaci�n.

El presidente galo, Nicolas Sarkozy, hab�a convocado a sus ministros a una reuni�n para analizar la situaci�n de este colectivo tras los graves incidentes registrados en Saint Aignan hace unos d�as d�as despu�s de que la Polic�a matara a un joven gitano durante una persecuci�n. La reuni�n de alto nivel se repetir� dentro de tres meses.

Tras el encuentro, el ministro franc�s de Interior, Brice Hortefeux, anunci� el desmantelamiento en este plazo de la mitad de los campamentos ilegales de gitanos, y mencion� tambi�n las deportaciones �casi inmediatas� a Ruman�a y Bulgaria de los gitanos que hayan cometido delitos, inform� AFP.

Hortefeux cifr� en casi 300 el n�mero de campamentos �ilegales� identificados, ubicados a menudo en los suburbios, algunos de los cuales, seg�n Par�s, �son origen de tr�ficos il�citos y de explotaci�n de los ni�os para la mendicidad, la prostituci�n o la delincuencia�.

Seg�n AFP, el Estado franc�s, va a solicitar el traslado de una veintena de polic�as rumanos y b�lgaros a Par�s, que es donde se instalan a menudo estos campamentos. Al mismo tiempo, el Gobierno pretende que efectivos de la Polic�a francesa sean asignados a Ruman�a y Bulgaria para reforzar la lucha contra los tr�ficos ilegales.

El El�seo indic� en una nota que Sarkozy pidi� al Ejecutivo que �procesa al reenv�o a la frontera de todos los nacionales de Europa Oriental en situaci�n irregular en Francia�, y precis� que, �antes de fin de a�o, una reforma de la ley de inmigraci�n facilitar� la puesta en marcha de medidas de alejamiento de esas personas por razones de orden p�blico�.

Las organizaciones que defienden los derechos humanos criticaron duramente la reuni�n, aunque tambi�n se�alaron que este tipo de actuaciones ya se estaban llevando a cabo.

Las asociaciones gitanas denunciaron que se trataba de una �declaraci�n de guerra�. Su abogado, Enrique Braun, dijo que �por primera vez desde la liberaci�n asistimos a una pol�tica de discriminaci�n racial�.