Francisco J. Laporta, catedrático de Filosofía del Derecho de la Autónoma de Madrid, nos describía hace unos días en un artículo periodístico el juego de la doble verdad en la época medieval. Pero en sus reflexiones no sacó las consecuencias de esta tesis para nuestro mundo español de hoy.

Sin embargo, nuestra sociedad está fundamentada en la doble verdad, en el juego entre la apariencia y la realidad, entre los acontecimientos y los sucesos, entre las circunstancias en las que vivimos y las presentaciones mediáticas de la radio y la televisión como verdades inapelables. Y en primer lugar, ya no sabemos de qué hablamos ni podemos preguntarle a Pilatos qué es la verdad. Ya no tenemos criterios para afirmar la verdad. Parece que sólo es verdad lo que dicen los medios aun en los programas basura. Lo demás son opiniones que, por muy fundadas que las presentes, al fin y al cabo se pueden rechazar y te las mandan al cesto de los papeles sencillamente porque son «tus» opiniones, que los otros dicen no compartir. No se puede razonar. Como estamos en una civilización en la que ya no se admiten verdades absolutas, acabamos por relativizar la verdad y aun suprimirla.

Verdad religiosa y laica: La doble verdad medieval contrapuesta entre la Iglesia y Galileo, entre la teoría de que la tierra era el centro del Universo y el heliocentrismo, sigue repitiéndose en pleno siglo XXI. La Iglesia propugna que la vida humana no es manipulable ni por los preservativos, ni por la fecundación in vitro, ni por las células madres ni por la eutanasia. Sin embargo, la ciencia afirma que el hombre es cada vez más dueño de la vida, que puede encauzarla por la paternidad responsable, por el aborto en circunstancias traumáticas, por la donación y creación de órganos y por el control del fin de la vida del enfermo terminal.

Verdad civil y jurídica: Los juristas han creado su mundo, desconectado de la vida civil y sintiéndose ellos dependientes de unos textos jurídicos sacralizados a los que atribuyen un valor normativo más literal que el que los medievales atribuían a la Sagrada Escritura. Se ha totemizado la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Constitucional, de modo que las leyes y, mucho más, la Constitución española de 1978 y el acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede firmado en la ciudad del Vaticano el 3 de enero de 1979 se consideran inviolables y que se deben aplicar ciega y literalmente.

Pero se pueden presentar algunos ejemplos del desfase que esta aplicación de la permanencia necesaria en todo sistema jurídico está ocasionando en nuestra vida actual. Los medios de comunicación radiofónicos, telefónicos, televisivos y aun periodísticos y mucho más informáticos del momento de la muerte de Francisco Franco no se pueden recuperar sino como antiguallas, testigos de una época, que revisamos con un sentido de desconsuelo y un sentimiento de tristeza y nostalgia. Pero la Constitución española de 1978 y el acuerdo con la Santa Sede de 1979 son considerados como entes vivos y saludables, transportados en la historia de una generación a otra.

Por otra parte nadie admitiría que el nivel de la ciencia que existía a comienzos de la transición, que el conocimiento y el control de la medicina de aquellos años se adujera ahora como argumento definitivo en el diagnóstico de nuestras vidas y en las medicinas aplicables en el siglo XXI. Pero la Constitución española de 1978 sí.

Igualmente, los textos históricos publicados en los años setenta ya no resisten la crítica de la moderna historiografía. Pero la Constitución española de 1978 sí.

La jurisprudencia acumulada por estos tribunales sobre textos de 1978 y 1979 atraviesa y rompe estatutos, leyes e interpretaciones. La gerontocracia que controla la jurisprudencia de estos tribunales ha olvidado una de las funciones más importantes del Derecho el ius condendi. Pero sobre todo esta jurisprudencia arrolla la vida civil, los inventos, las organizaciones sociales que nos hemos dado en treinta años de historia, la conciencia de pueblos y naciones que han nacido en Europa en estos tres lustros y, finalmente, la idiosincrasia de los propios ciudadanos que en aquellos años éramos adultos y ahora nos estamos haciendo ancianos bajo el peso de los mismos textos y, sobre todo, de las cansinas interpretaciones.

Ante la doble verdad civil y jurídica los pueblos medievales y modernos tenían la fórmula reconocida en derecho y aplicable en política del «Obedézcase pero no se cumpla» o también llamada pase o uso foral. Sin embargo, los juristas actuales no sólo no cambian ellos sino que no admiten este recurso jurídico y piden una obediencia ciega de acatamiento y, más aún, pretenden congelar la vida ciudadana y social como se ha palpado en la sentencia sobre el Estatuto de Catalunya.

Verdad social y política: Pero sobretodo hay una doble verdad en la vida práctica entre la verdad política y la verdad social. Los políticos han creado su propio mundo, arropados por los medios de comunicación y alimentados por los impuestos de los ciudadanos. Los políticos pueden manipular su verdad y aun con lapsos de tiempo cortos, contradecirse de sus propias afirmaciones. Véanse como botón de muestra las apreciaciones de los dos partidos mayoritarios españoles, el PP y el PSOE, en sus afirmaciones y posturas ante la misma Constitución de entonces y de ahora. ¿Por qué no aplican las leyes de la jurisprudencia a los textos acordados por los políticos que se han hecho banales en años, meses y aun semanas y que siguiendo la metodología jurídica tendrían que tener un arco de tiempo de validez como los textos que promovieron la Constitución y el acuerdo con la Santa Sede?

La verdad ciudadana atada al devenir del día a día se ciñe al sueldo, al trabajo, al ocio, a las vacaciones y al disfrute de la vida individual, familiar y social, a su ansia de personalidad y de identidad. La verdad social de los modos de vida, de las fiestas, de las manifestaciones, de las huelgas, viene frenada en seco por los políticos que ponen palos en las ruedas para que el ciudadano no evolucione fuera del marco trazado por los mismos políticos, tratando de imponer su verdad política, ésa de la que ellos se descabalgan tan fácilmente. Compárese en cualquier político (aquí ponga el lector los nombre y apellidos que desee) su currículo de partido a partido que ha transitado, los criterios y normas que ha ido defendiendo sucesivamente y a los que ha obedecido ciegamente, el devenir de declaraciones que hizo en el trascurso de su vida política y veremos que los políticos y los partidos políticos son necesarios, pero no solucionan los problemas de la ciudadanía y a veces los enconan.

Como conclusión podemos afirmar que nuestras clases dirigentes nos han instalado en la doble verdad, que es el caldo de cultivo de la separación ciudadana de tantas posturas religiosas farisaicas, tantas normativas jurídicas anquilosadas y tanto vacío y desidia política. En una sociedad de cambios tan rápidos y profundos que nos ha tocado vivir, donde todos hemos cambiado de gustos y preferencias, de normas, de apreciaciones y criterios, nos viene a imponer la gerontocracia religiosa, política, jurídica y política unos comportamientos que a ellos mismos en su vida cotidiana no les convencen.

Y ahora nos preguntamos y les preguntamos a los juristas más afamados y encumbrados en el poder mediático como los integrantes del Tribunal Constitucional o del Supremo, a los dirigentes religiosos que exigen una subordinación a las normas y criterios de hace muchos lustros, a los políticos que a ojos ciegas rechazan modificar una democracia cansinamente inoperante por las listas cerradas o por la desproporcionalidad de la representación ciudadana de la ley de D'Hont implantada en la transición qué hacen y cómo actúan cuando se trata del diagnóstico de su salud personal. ¿Se conforman con las opiniones de los galenos de la época de la transición, se someten a los instrumentos científicos del posfranquismo, o acuden a las mejores clínicas españolas o americanas para encontrar soluciones avanzadas a las enfermedades de cada uno?