La abstención de PNV y CiU propició ayer que la propuesta de reforma laboral confeccionada por el Gobierno español saliese adelante en el Congreso de los Diputados en Madrid. Independientemente de pequeñas modificaciones que se podrían dar en el proceso que se abre ahora, y que en ningún caso alterarán el espíritu de la reforma, esta ley supondrá el mayor ataque contra los derechos de los trabajadores en la historia reciente del Estado español, tal y como denunció la mayoría sindical vasca hace ahora un mes en la huelga general en Euskal Herria y como confirmaron ayer los sindicatos estatales.

Si bien es cierto que la reforma viene impulsada por organismos internacionales como el FMI, el Banco Mundial o la UE, lo cierto es que el PSOE ha asumido dócilmente esos parámetros antisociales con excusas como la necesidad de amortiguar «la presión de los mercados». Algo que, según ellos mismos, escapa a sus capacidades. Es evidente que, al igual que con los recortes presupuestarios, existen alternativas desde una perspectiva de izquierda que el Gobierno de Zapatero se niega siquiera a evaluar. Asimismo, es más que dudoso que esta reforma logre algún otro objetivo que una mayor precarización del mercado laboral. La reducción de costes empresariales no se traducirá ni en inversiones ni mucho menos en empleo, con lo que uno de los problemas estructurales de la economía del Estado español empeorará aún más.

La tramitación de la reforma tiene también una lectura política evidente. A nivel estatal, la postura del PP en este tema resulta ridícula. A su vez, es significativo que la reforma prospere gracias al apoyo tácito de PNV y CiU. La crisis política y social del Estado debería situar a esos partidos en parámetros políticos mucho más audaces, menos «conservadores» respecto a algo que, de hecho, ya han perdido. CiU ya había advertido que, en defensa de sus intereses de clase, esta reforma era importante para ellos. El PNV, por contra, experimenta a mezclar centralidad y socialdemocracia para justificar en Euskal Herria algo que la sociedad vasca ya ha rechazado: la propia reforma laboral y una negociación a la baja con el PSOE que derive en un vulgar cambio de cromos.