El Congreso español da luz verde a la reforma laboral
El PSOE logra la aprobación de su reforma laboral gracias a la abstención de PNV y CiU
El PSOE sacó adelante ayer en el Congreso español el proyecto de ley de reforma laboral, con la ayuda de PNV y CiU, que se abstuvieron en la votación y que, con sus enmiendas, ampliaron las posibilidades de aplicar el despido objetivo, con la indemnización más barata. Así, el grupo jeltzale pactó que la empresa pueda despedir con 20 días de indemnización si presenta pérdidas «actuales o previstas» o si reduce sus ingresos de forma persistente.
GARA | MADRID
La Comisión de Trabajo del Congreso español aprobó ayer con el único voto a favor del PSOE el proyecto de Ley que reforma el mercado de trabajo, al que se añadieron 33 enmiendas, entre ellas, la que admite la posibilidad de despidos objetivos por causas económicas, es decir, con la indemnización de 20 días por año trabajado, por pérdidas previstas o por la disminución persistente de los ingresos.
El proyecto de Ley enmendado sólo recibió el apoyo del PSOE, mientras el PNV, junto a CiU y el grupo mixto se abstuvieron y el PP, ERC, ICV e IU votaron en contra. La votación final en la Comisión deparó un empate a 18 votos y dos abstenciones, de CiU y PNV. Por ello, hubo que echar mano de la representación real de cada grupo en el hemiciclo -voto ponderado en pleno-, de tal manera que los 169 diputados del PSOE superaron a los 165 parlamentarios que sumaban los que se oponían.
Al actuar con competencia legislativa plena, no es necesario que el texto sea ratificado en el pleno, con lo que se envía directamente al Senado.
El PNV no sólo se abstuvo para facilitar la aprobación de la ley, sino que además pactó con el PSOE a última hora una enmienda por la que se concretan las causas económicas para el despido objetivo.
Se trata de una enmienda transaccional que recoge una de las alegaciones presentadas por el PNV durante el trámite parlamentario del proyecto de ley.
En concreto, la enmienda dice que «se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos, que puedan afectar a su viabilidad o a su capacidad de mantener el volumen de empleo».
Y añade que «a estos efectos, la empresa tendrá que acreditar los resultados alegados y justificar que de los mismos se deduce la razonabilidad de la decisión extintiva para preservar o favorecer su posición competitiva en el mercado». Para ello, será el juez el encargado de comprobar la justificación empresarial.
El portavoz del PNV en la Comisión de Trabajo, Emilio Olabarria, admitió que no se sabe si esta reforma será «buena, mala o regular» con respecto a la actual legislación, aunque agradeció las aproximaciones del PSOE sobre las causas del despido objetivo.
En otra enmienda, pactada con CiU, se reduce del 5% actual al 2,5% el índice de absentismo total de la plantilla del centro de trabajo a partir del cual se tiene en cuenta las ausencias del trabajador como motivo de despido. Además, el despido será procedente cuando un trabajador falte de forma intermitente al trabajo el 20% de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos, o el 25% en cuatro meses discontinuos dentro de un período de doce meses, aun de manera justificada.
Además, el PSOE aprovechó el trámite parlamentario para suprimir la propuesta para que los autónomos en paro que se queden sin ninguna prestación pública puedan percibir 425 euros durante seis meses, medida aprobada en el Congreso el pasado día 21.
Por lo que respecta al contrato de fomento del empleo estable, se añadió que tendrá que ser el trabajador quien pruebe en los tribunales la improcedencia de la extinción de su contrato, cuando hasta ahora correspondía al empresario demostrar la procedencia de su decisión.
La negociación colectiva
El PNV, además de facilitar la aprobación de la reforma, puso la condición de que el Gobierno español se comprometa a reformar también la negociación colectiva y, para ello, modifique el Estatuto de los Trabajadores cuanto antes.
Según explicó Olabarria antes de la votación, «si no se reforma la negociación colectiva laboral, cualquier reforma queda absolutamente amputada y va a ser insuficiente».
Precisamente, PSOE y CiU pactaron que en el caso de que no se alcance un acuerdo sobre la negociación colectiva, el Ejecutivo deberá impulsar dicha revisión en el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de la ley de reforma laboral, el mismo plazo que el PNV dio al Ejecutivo para que presente un proyecto de reforma del título tercero del Estatuto de los Trabajadores, donde se regula la negociación colectiva.
Precisamente, esta reforma se comenzó a negociar el miércoles en Madrid entre la patronal CEOE y los sindicatos UGT y CCOO. Unas de las claves será la anulación de la ultraactividad de los convenios (prórroga automática cuando finaliza su vigencia) y la desaparición del convenio autonómico y provincial.
A este respecto LAB criticó que la reforma laboral aprobada ayer «ataca gravemente la negociación colectiva» porque «facilita a las empresas incumplir lo acordado en los convenios tanto en salarios como en condiciones laborales», en referencia a la capacidad que da a las empresas para descolgarse del contenido de los pactos.
Pero advirtió de que «no será el único ataque a la negociación colectiva», ya que con la reforma de la misma que se ha comenzado a negociar «se está hablando de la desaparición de los convenios provinciales y autonómicos».
A su juicio, esto supone precarizar aun más las relaciones laborales porque los convenios se negociarían en Madrid, lo que supone menor cobertura salarial y menos garantías de derechos. LAB denunció que cada reforma va «en la misma dirección:, dar más poder a la patronal y precarizar las condiciones de trabajo», por lo que subrayó la necesidad de «una respuesta contundente» por parte de la clase trabajadora.
Según la enmienda pactada con el PNV, la empresa podrá aplicar el despido con 20 días de indemnización si presenta pérdidas actuales o las prevé en el futuro, o bien si tiene una reducción «persistente de ingresos que ponga en peligro su viabilidad».
Se reduce del 5% actual al 2,5% el índice de absentismo total de la plantilla a partir del cual se tienen en cuenta las ausencias del trabajador como motivo de despido. También se amplían las posibilidades de despido procedente por ausencia, incluso justificada.
En los contratos de fomento del empleo, tendrá que ser el trabajador quien pruebe en los tribunales la improcedencia de la extinción de su contrato, cuando hasta ahora correspondía al empresario demostrar la procedencia de su decisión.
El Gobierno de Lakua presentó ayer los resultados de una encuesta telefónica a 1.200 personas sobre «la crisis económica y la fiscalidad». Víctor Urrutia, responsable del Gabinete de Prospección Sociológica, informó sobre los resultados, en los que el 82% de los encuestados dijo «haber oído hablar» de la reforma laboral.
Quienes consideran «necesaria» o «innecesaria» la reforma laboral suman el mismo porcentaje, un 32%. Sin embargo, la disparidad se manifiesta por territorios. Así, el 38% de los alaveses consideran que es «innecesaria» para luchar contra la crisis. Los guipuzcoanos que la rechazan son el 33% y el 30% en el caso de los vizcainos. El 43% del grupo de edad de entre 30 y 45 años no cree que es necesaria y un 56% valora de forma positiva la reducción del gasto público en el Gobierno de Lakua, aunque la pregunta es demasiado genérica, dado que no se entra en detalles de por dónde se debería ahorrar gasto.
Sobre la fiscalidad, destaca que un 59% de la población de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa considera que el fraude fiscal es excesivo. Otro elemento importante que se extrae en los resultados de la encuesta es que el 45% de los encuestados entiende que la presión fiscal en la CAV es excesiva, mientras que un 42% cree que es suficiente, mientras que el 44% de las personas que respondieron por teléfono advirtieron que en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa se pagan más impuestos que en el resto del Estado español.
La realidad no tiene nada que ver con esta percepción, lo que demuestra que la opacidad de las haciendas vascas en cuanto a la información está generando una situación irreal entre la población, por lo menos entre los encuestados por el Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno de Patxi López.
La presión fiscal vasca es la más baja de la Unión Europea. Está alejada de una manera importante de la presión fiscal española y de la media europea. Si se aplicara la misma presión fiscal en Hego Euskal Herria respecto a la media de la UE, las haciendas vascas contarían con 8.120 millones más de ingresos. Tampoco en la encuesta se interpela sobre la necesidad o no de la subida de impuestos. J. BASTERRA
EA criticó que la reforma aumenta la inestabilidad del trabajador y reduce sus derechos laborales, ampliando el margen de maniobra unilateral de las empresas. Por ello, insistió en la necesidad de un marco vasco de relaciones laborales.
