«He aprendido que no se puede llamar a agentes del mismo cuerpo para que actúen contra un compañero», afirma un testigo presencial de lo ocurrido en agosto del pasado año en las piscinas de Aranzadi, cuando el agente número 46 de la Policía Municipal de Iruñea tomó imágenes de los vestuarios con una cámara espía.

El cabo ha sido expedientado con un año de empleo y sueldo, pero no por espiar y captar imágenes de los vestuarios, sino por robar después las pruebas que presuntamente le incriminaban del almacén de la comisaría. El área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Iruñea no ha tomado medidas contra él por el delito contra la intimidad de las personas, que él mismo reconoció, según el testimonio de los testigos. Asimismo, las medidas disciplinarias por la destrucción de pruebas han tardado un año en aplicarse.

«El agente reconoció que sí que había tomado imágenes. Aseguró que lo había hecho en calidad de policía municipal. Dijo que su intención era fotografiar al joven porque lo había confundido con un rumano», afirman los testigos. Al parecer, después del incidente, el agente no ha vuelto a ir a las piscinas, a pesar de que ése es el lugar donde se preparan físicamente los miembros del cuerpo policial.

Atendiendo a este testimonio, la detención del agente se originó cuando dos personas acudieron ante los responsables de las instalaciones llevando consigo al cabo «muy nervioso». Una de ellas -de entre 20 y 25 años- aseguraba que le había pillado grabándole mientras se cambiaba. Los dos jóvenes dieron aviso a la Policía Muncipal, pero antes de que llegaran los agentes, consiguieron conectar la cámara a uno de los ordenadores de las piscinas. «Aparecieron tres o cuatro ventanitas, aunque no se apreciaba si eran vídeos o fotos, porque antes de poder abrirlos, el policía nos arrebató la cámara y borró los archivos», comenta este testigo, que detalla que la cámara era «muy pequeña, del tamaño de un pulgar y parecía un mp3».

Según relataron quienes apresaron al agente, éste tomó las imágenes en el vestuario sentado en un banco, con la camarita oculta entre sus brazos, que había cruzado para disimularla.

Cuando llegaron los agentes de Policía Municipal al lugar de los hechos, se llevaron al número 46 para tomarle declaración, así como la cámara, para intentar recupera los archivos. El testigo no percibió que se llevaran al cabo en calidad de detenido, sino que «simplemente se fue con ellos».

Puntos oscuros en la comisaría

Al parecer, el hecho de que se tratara de un compañero del cuerpo produjo un sorprendente relajo del resto de agentes que se encontraban aquella mañana en comisaría. Aunque la cámara espía fue depositada como prueba en el almacén, el cabo logró hacerse con ella en muy poco tiempo. Los policías detectaron el robo ese mismo día. El expediente asegura que sólo se sustrajo la tarjeta y no el dispositivo entero.

«Varios agentes regresaron ese día por la tarde para ver si conseguían recuperar los archivos de la cámara del ordenador de las piscinas», explica el testigo, que señala que el intento de recuperar las pruebas fracasó.

No obstante, sí que hay pruebas suficientes para que el agente sea procesado por un delito de obstrucción a la justicia. Al menos, eso se desprende del expediente sancionador, cuando afirma que «existe una grabación que no deja lugar a dudas de que sustrajo la tarjeta».

Este delito, cuando lo comete un particular, está penado con entre tres y seis meses de multa. En las alegaciones presentadas por el agente, éste intenta argumentar que cuando cometió el robo «se encontraba en calidad de detenido» y no en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, el expediente sancionador resta relevancia a este hecho. El texto afirma que «estaba detenido, pero eso no quita su condición de policía municipal y de los conocimientos derivados de ser policía se aprovechó para eliminar una prueba determinante».

El hecho de cometer la destrucción de pruebas como particular y no como funcionario tiene una importancia capital desde el punto de vista jurídico. Mientras que para un particular el Código Penal dicta una pena máxima de seis meses de multa, para alguien que lo realiza aprovechándose de su cargo (la ley hace referencia a abogados y procuradores) la sanción conlleva entre uno y cuatro años de cárcel, multa e inhabilitación.

Queda por resolver aún cómo el cabo -que aquella mañana la tenía libre y al que, según fuentes policiales, dieron libre la tarde- tuvo acceso al almacén y sustrajo las pruebas. Y, sobre todo, qué hicieron sus compañeros por tratar de recuperarlas y, si no lograron hacerse de nuevo con la tarjeta, dónde se encuentra o cómo fue destruida.

Sin embargo, el Ayuntamiento parece haber zanjado el tema con este expediente sancionador tardío, sin querer entrar en las responsabilidades de los responsables de ese turno, que son los que tienen que velar por la seguridad de las pruebas. La oposición pide explicaciones.