Cuando un juez de un tribunal heredero de lo más negro de la dictadura declina aplicar el protocolo contra la tortura en el caso de la detención de dos ciudadanos vascos, hay razones para temer lo peor. Fernando Grande-Marlaska debería explicar en público por qué se niega a prevenir la tortura. Por qué cede espacio a la impunidad y se vale de los instrumentos denigrados por todos los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos. Será por «efectividad».