Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia colombiana decidió archivar el miércoles [madrugada de ayer en Euskal Herria] una investigación preliminar contra el presidente electo, Juan Manuel Santos, y el comandante de las Fuerzas Armadas, Freddy Padilla de León, informó Efe.

La diligencia, a la que aún sigue vinculado el ex comandate del Ejército colombiano, el comandante Mario Montoya, actual embajador en República Dominicana y Haití, tenía que ver con el caso de los «falsos positivos», un escándalo en el que los militares mataban a civiles que luego presentaban como guerrilleros muertos en combate para recibir permisos especiales e incluso dinero.

La Fiscalía no encontró motivos para abrir una investigación formal contra Santos, Padilla ni tampoco contra el ex ministro de Defensa Camilo Ospina.

La demanda fue interpuesta en febrero por el ex candidato al Congreso, Felipe Zuleta, quien argumentó su querella en que esas autoridades eran responsables de esas muertes.

Santos tomará mañana posesión como presidente en una ceremonia que se celebrará en la histórica Plaza de Bolívar, en pleno centro de Bogotá.

Abusos

Ante la cercanía de este acto, Amnistía Internacional (AI) exigió ayer al nuevo Gobierno de Colombia que garantice la independencia del sistema judicial del país a fin de que se pueda procesar a los responsables de los abusos contra los derechos humanos «cometidos durante el largo conflicto armado» que afecta al país.

En los últimos años, según este organismo, las fuerzas de seguridad colombianas han estado implicadas en miles de ejecuciones extrajudiciales de civiles. La mayoría de sus autores aún no han sido juzgados por estos homicidios.

«Si el nuevo Gobierno desea realmente acabar con la impunidad, debe poner fin a la campaña del Gobierno anterior para desacreditar a la Corte Suprema de Justicia, que ha enjuiciado con éxito a algunas personas vinculadas a los paramilitares que cometen violaciones de derechos humanos», advirtió el portavoz de AI, Marcelo Pollack.

«También se ha de condenar a los grupos guerrilleros por sus ataques contra la población civil. Estos grupos deben adoptar medidas de una vez por todas para poner fin a los abusos contra los derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario que cometen sus combatientes», agregó.