La ministra de Justicia, Michèle Alliot-Marie, obligada sin duda por las cada vez más numerosas y cualificadas voces que han puesto en tela de juicio el procedimiento penal actual en lo que respecta al respeto del derecho a la defensa del detenido, lleva meses manifestándose a favor de una modificación. Eso sí, mínima, ya que su propuesta de reforma conlleva una segunda visita del abogado defensor durante el periodo de detención y no una intervención permanente.

El propio Nicolas Sarkozy afirmaba en enero del año pasado la necesidad de sustituir «la cultura de la confesión» por la del procedimiento de la prueba, y se mostraba favorable a la intervención del abogado desde los primeros momentos de la detención.

Sin embargo, fue él mismo quien incitó previamente modificaciones en el régimen de la detención, como por ejemplo la de marzo de 2003, cuando suprimió la obligatoriedad de notificar al detenido su derecho a permanecer en silencio.

Declaraciones aparte, lo que resulta evidente es que no se han dado prisa en llevar a cabo las modificaciones que, acuciados por la polémica, anunciaban. Ha tenido que ser un grupo de juristas quien, a través del Tribunal Supremo francés (Cour de Cassation), traslade al Consejo Constitucional la demanda sobre la inconstitucionalidad del procedimiento de detención.

Queda por ver hasta qué punto harán caso de las disposiciones de este «consejo de sabios», y también hasta cuándo, ya que lo que sí está demostrada es la «cultura de la reforma» de los actuales mandatarios. No hay más que fijarse en que en esta década el Código Penal ya ha sido retocado siete veces, y que en cada retoque se han ido restringiendo cada vez más las libertades.