Se ha sabido recientemente que al conocido como «caso GAL» le queda sólo un último capítulo para que tenga carpetazo definitivo y punto final en sede judicial. Miguel Planchuelo, antiguo mando policial en Euskal Herria, se sentará en el banquillo de los acusados por los atentados de los bares Consolation y Batxoki, según viene recordando el tristemente conocido policía José Amedo, que amenaza por enésima vez con tirar de la manta y contarlo todo. Finalizará así todo un simulacro de proceso judicial al terrorismo de Estado, con apenas media docena de juicios para un total de 27 muertos y decenas de heridos, con todos los policías y guardias civiles condenados en libertad, con el aparato del PSOE que dirigió aquellos «escuadrones de la muerte» gozando de total impunidad y con un Estado que pretende pasar página sin que se conozca la verdad, llegando incluso a castigar los actos de memoria y recuerdo por los ciudadanos y militantes vascos muertos por los GAL.

Ahora que ya están madurando las condiciones políticas para operativizar un cambio de ciclo en Euskal Herria, con una izquierda abertzale segura en su análisis y con convencimiento en sus propias decisiones que está moviendo el independentismo y que ha conseguido romper el cerco que pretendía imponerle ese Estado, que se sentía cómodo en una espiral de ilegalización y confrontación, ahora que aquellos sectores con sentido y mentalidad de Estado están planteando cada día más abiertamente la necesidad de una «segunda transición», conviene recordar que el cambio político que se está abriendo camino no será suficiente ni tendrá la profundidad necesaria si se asienta sobre la impunidad del Estado. Si éste no reconoce sus propias responsabilidades en un conflicto con violencias múltiples y multilaterales.

De cara a un futuro en democracia y libertad para Euskal Herria, punto final e impunidad son mimbres con los que la chapuza parece asegurada.