El robo de la placa de la Diputación de Gipuzkoa se produjo poco después de las 16.30 del pasado domingo. Las cámaras de videovigilancia instaladas en el edificio han revelado que Iñigo Pérez y Ana Enríquez se acercaron unas cuatro horas antes y regresaron más tarde para realizar el sabotaje.

Los servicios de seguridad del Palacio foral donostiarra alertaron del robo a la Guardia Municipal, que unos minutos después detuvo a la pareja y recuperó la placa en la misma Plaza Gipuzkoa.

Según revelaron ayer los periódicos del Grupo Noticias, los autores materiales del robo son Iñigo Pérez de Rada Cavanillas, hijo del Marqués de Jaureguízar y presidente de la fundación del mismo nombre, y Ana Enríquez de Amilibia, hija del Marqués de Villacastel de Carrias.

Banderas del Requeté

Ambos, de 41 años de edad y residentes actualmente en Madrid, están vinculados a la Comunión Tradicionalista Carlista (CTC), que es la rama más derechista del carlismo. Además, se encargan de gestionar el Museo de Tabar, en la localidad navarra del mismo nombre, situada a pocos kilómetros de Irunberri.

Según se recoge en la página web www.requetes.com, en este museo está guardada «la más rica colección de banderas del Requeté, navarro o no, del mundo, consciente de la vital importancia de transmitir el legado a las futuras generaciones». Los requetés eran soldados carlistas que participaron en el bando franquista durante la Guerra de 1936-39. Se estima que en total fueron movilizados en torno a 60.000 requetés, de los que murieron unos 6.000.

En esa misma página está incluida una fotografía referente a la inauguración del Museo del Carlismo en Lizarra, en la que aparece el propio Iñigo Pérez de Rada junto al presidente del Gobierno de UPN, Miguel Sanz.

Según recogían los mismos medios del Grupo Noticias, Iñigo Pérez de Rada recibió una subvención del Ejecutivo navarro por importe de 10.000 euros, destinados presuntamente a restaurar bienes de tipo histórico para ser expuestos en el citado Museo del Carlismo.

Además, el Gobierno de Miguel Sanz le concedió otros 1.000 euros destinados a la Fundación Jaureguízar, que está presidida por el propio Iñigo Pérez de Rada.

El juez les dejó en libertad

Tras su detención, tanto Iñigo Pérez como Ana Enríquez fueron conducidos a declarar ante un juez en Donostia, quien decidió dejarles en libertad. Al parecer, serán acusados de «hurto», aunque también se les podría aplicar la agravante de que su acción afecta al patrimonio cultural o histórico.

El portavoz de la Diputación de Gipuzkoa, Eneko Goia, que calificó el robo de «acto estúpido y estéril», estimó que ambos pueden ser condenados a una simple multa.

Por su parte, al delegado del Gobierno español en los territorios de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, Mikel Cabieces, le pareció «mal» el robo de la citada placa, y dijo que era «cien por cien condenable».

«Mientras los tribunales no digan que esa placa hay que retirarla, que espero que lo digan, no hay que retirarla, hay que cumplir la ley», agregó Cabieces.

La Delegación del Gobierno español en la CAV interpuso el pasado mes de marzo un recurso judicial contra la colocación de la citada placa. Dicho recurso fue desestimado en primera instancia, por lo que ahora deberá ser el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) quien decida si la citada inscripción debe ser retirada o no del Palacio de Diputación.