La parlamentaria del PP de la CAV Laura Garrido considera «muy arriesgados» los acercamientos de presos políticos vascos, por lo que, dirigiéndose al Gobierno español, destacó que «están en la cárcel por cometer atentados» y añadió que «el nivel de exigencia tiene que ser máximo».

Garrido declaró que el «desmarque» de ETA tiene que ser «claro y verdadero», y reclamó a esos presos que pidan perdón a cada víctima, paguen las indemnizaciones y colaboren con la Justicia.

También la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, expresó su desconfianza ante la política penitenciaria del PSOE y dijo que el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero «tiene que ofrecer una explicación pública» sobre esos acercamientos.

Por su parte, el coordinador general de Ezker Batua, Mikel Arana, señaló que su formación nunca ha compartido la política de dispersión porque, en su opinión, «la política penitenciaria no debe formar parte de la antiterrorista». Afirmó que la política penitenciaria que se está aplicando en los últimos años «no es legal», y que la legalidad «tiene que ser aplicada a todos los presos».

Por otro lado, Arana declaró que «no sería positivo» que el PSE no mantuviera el contacto con la izquierda abertzale porque, a su juicio, debería tenerlo con «todas las sensibilidades políticas».

El coordinador general de EB precisó que su partido no ha tenido contacto directo con Batasuna, pero sí con gente cercana a la izquierda abertzale, y que cree su propuesta es sincera, apostando por las vías democráticas y políticas. Aun así, instó a Batasuna a que «exija a ETA que desaparezca».