El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz prohibió ayer el acto de recibimiento a la prisionera política catalana Laura Riera. Estaba previsto que se celebrara a las 19:00 de hoy en la Plaza de Raspall del barrio barcelonés de Gracia.

El juez de la Audiencia Nacional ordenó vetar el acto a instancias de la Fiscalía y también del colectivo ultra Dignidad y Justicia, al considerar que su celebración supondría «una exaltación a su currículo delictivo». Pablo Ruz, que sustituye temporalmente a Baltasar Garzón al frente del Juzgado Central de Instrucción número 5, ordenó a la Consejería de Interior de la Generalitat de Cataluña y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado «que adopten las medidas necesarias para hacer efectiva la prohibición».

El acto de recibimiento, que tenía el apoyo de la organización antirrepresiva SAT, el colectivo de apoyo a los presos políticos Rescat o la CGT, formaba parte del programa alternativo de las fiestas de Gracia.

Laura Riera fue detenida el 27 de agosto de 2001, cuando tan sólo tenía 21 años de edad. Pertenecía a la Assemblea d'Okupes de Terrassa, estaba afiliada a la Federación Local de CGT y militaba en diferentes movimientos sociales de la ciudad, como el colectivo feminista Dones del Sac o la Plataforma antifeixista i antiracista de Terrassa.

Denunció torturas

Según indicó la CGT, durante su detención estuvo cinco días incomunicada, en los que denunció «haber sufrido torturas y amenazas que la llevaron a firmar la declaración autoinculpatoria que la misma policía le dictó».

En mayo de 2004 fue condenada por la Audiencia Nacional a nueve años de cárcel por «dar apoyo a un comando de ETA». Según el sindicato anarquista, el encarcelamiento «fue utilizado por el Ministerio de Interior y medios de comunicación para emprender una campaña de criminalización de los movimientos sociales alternativos, y en concreto contra la Assemblea d'Okupes de Terrassa».