Interior de Madrid y Lakua han comenzado a reducir los servicios de escolta y eso ha hecho aflorar los intereses existentes tras estos gastos de protección. Ambas administraciones tienen dos tipos de necesidades: reducir gastos y liberar agentes policiales para otras labores. Por tanto, la reorganización pasa por revisar cuántas personas necesitan protección, determinar si debe ser de uno o dos acompañantes y establecer si la misma corresponde a policías o a empresas privadas.

De fondo, además, se sitúa la evidencia de que ETA no ha cometido ningún atentado desde hace ya más de un año y que todo indica que el escenario político está a punto de conocer una transformación de fondo.

Miles de escoltas y millones

Es preciso tener en cuenta que tan sólo en la CAV el Gobierno de Lakua tiene contratados 1.045 escoltas para proteger a 526 personas con un presupuesto desde ahora a febrero de 2011 de 144,4 millones de euros. El Ministerio de Interior tiene un presupuesto de 113 millones para proteger a otras 803.

A éstas deben sumarse las personalidades protegidas por los propios cuerpos policiales, en un momento en el que en la Ertzaintza hay un déficit de 584 patrulleros.

En este contexto, el consejero de Interior, Rodolfo Ares, afirmó ayer que «estamos haciendo una evaluación de riesgos de las personas que tenían y tienen protección. Y en base a esa evaluación y de los cambios que se van produciendo en las situaciones de cada una de las personas protegidas, se van tomando decisiones», y añadió que «no es un problema de ahorro».

De inmediato, las asociaciones de escoltas privados pusieron el grito en el cielo. La Asociación de Escoltas del País Vasco, criticó la retirada de protección a más de 50 cargos políticos, empresarios y periodistas vascos. Mientras que la Asociación Española de Escoltas hablaba ya de 90, lo que a su presidente, Vicente de la Cruz, le pone «los pelos de punta».

Sin embargo, el sindicato mayoritario en el Policía española, el SUP, señalaba que es el tercer recorte en año y medio y añadía que «es un escándalo lo de las escoltas en este país; el 90 por ciento de los protegidos no tiene peligro. Ya está bien lo de usar la escolta como elemento de poder y distinción. Riesgo de terrorismo también lo tienen los ciudadanos que viajan en el metro y hay que defender a todos los ciudadanos».

Otros sindicatos policiales no son de la misma opinión. ErNE pidió que no se reduzcan los escoltas «si no hay motivo». A su entender, esos agentes no pasarán a seguridad ciudadana, por lo que su apuesta es aumentar la plantilla de la Ertzaintza.