Políticos y periodistas incurrieron ayer en una contradicción evidente. Mientras intentaban remarcar que el alto el fuego es una fórmula ya desgastada y que la declara- ción de ETA es insuficiente, paradójicamente los despliegues informativos y declarativos fueron enormes. Esto prueba que si bien es cierto que ETA ha tomado decisiones similares en el pasado -cuatro altos el fuego totales y otros tantos parciales-, resulta innegable que la iniciativa del domingo es completamente novedosa. El porqué lo remarcaron miembros de la izquierda abertzale en su comparecencia del domingo en Donostia, cuando subrayaron que la decisión de la organización armada es «unilateral» y «no condicionada».

Efectivamente, y al contrario de lo ocurrido en 1989, 1998 ó 2006, en esta ocasión la iniciativa de ETA no depende de un acuerdo previo con otros agentes, de unas condiciones pactadas o de unas garantías prefijadas. Sus apelaciones se dirigen sobre todo a los agentes vascos, a quienes se pide «dar pasos firmes como pueblo», y a la ciudadanía vasca en general, para que «juntos podamos derruir el muro de la negación y dar pasos irreversibles en el camino de la libertad». Así las cosas, la izquierda abertzale recalcaba el domingo que la sociedad vasca aparece como la única garantía «en la exigencia multilateral de compromisos y aportaciones para el desarrollo de un proceso político normalizado y la construcción entre todos de un escenario de paz y soluciones democráticas».

Este carácter unilateral e incondicionado supone un vuelco en el esquema clásico de las treguas de ETA, que casi siempre han estado vinculadas a preacuerdos y que, por tanto, han quedado rotas cuando la propia ETA ha visto que la otra parte los incumplía:

1989: La tregua duró lo que el diálogo

La primera tregua de ETA estuvo totalmente ligada a las conversaciones de Argel. Durante 1988, la organización ya había ido proponiendo ceses armados de 60 días. Un poco más adelante, cuando el inicio del diálogo ya era inminente, el 8 de enero de 1989, por primera vez en su historia, ETA militar abría una tregua de quince días «como prueba de buena voluntad». Antes sólo había ocurrido algo similar, y sin carácter oficial, durante unas semanas de 1977, cuando las fuerzas abertzales intentaron negociar con Adolfo Suárez un nuevo marco.

Nada más comenzar la tregua de 1989, la Policía francesa detuvo a Josu Urrutikoetxea y Elena Beloki en Baiona, en lo que se interpretó como un tanteo -más bien una provocación- para saber hasta qué punto era consistente. El alto el fuego no sólo se mantuvo, sino que derivó en una declaración de tregua bilateral -escrupulosamente cumplida- el 23 de enero tras la primera fase de reuniones. Pero el diálogo quebró en marzo, y con él la tregua. ETA reabrió «todos los frentes».

1996: El Gobierno Aznar no respondió

El 23 de junio de 1996, ETA ofreció una tregua de una semana al Gobierno del PP, que acababa de tomar el cargo, y le invitó a resolver el conflicto. Se trataba de una iniciativa unilateral e incondicionada, como la actual, pero dirigida únicamente hacia el Estado y destinada sólo a sondear su voluntad.

El momento estaba marcado por una doble circunstancia: la iniciativa política de la izquierda abertzale, que un año antes había planteado la llamada Alternativa Democrática, y el secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara desde enero de 1996, dentro de la ofensiva de ETA por la repatriación de los presos. Un día antes de acabar el alto el fuego, Jaime Mayor Oreja anunciaba públicamente un pequeño acerca- miento de presos en el marco de «una estrategia pacificadora que sirva igual con tregua y sin tregua». ETA dio por finalizado el alto el fuego al concluir que el Gobierno Aznar «no tiene voluntad de resolver el conflicto».

1998: Una tregua pactada con PNV y EA

ETA anunció un alto el fuego en setiembre de 1998, apenas cinco días después de la Declaración de Lizarra-Garazi, en la que partidos, sindicatos y organizaciones abertzales se comprometían a impulsar un proceso soberanista. Entonces sólo se podía intuir, pero meses después se sabría que aquella tregua estaba ligada a una serie de compro- misos con algunos de esos partidos. Cuando el proceso de Lizarra-Garazi encalló, un año después, ETA reveló los acuerdos previos que había alcanzado con PNV y EA y puso los papeles sobre la mesa, lo que dio pie a una serie de dimes y diretes con la formación jeltzale sobre cómo se habían producido los hechos. Tras su primer atentado mortal posterior, en enero de 2000 en Madrid, ETA acusó a ambos partidos y al Gobierno de Ibarretxe de «dejar pudrir» Lizarra.

2006: Garantías incumplidas

Algo similar ocurriría en 2006, pero en este caso con el Estado. La tregua iniciada en marzo derivó en conversaciones oficiales tanto entre ETA y el Gobierno como entre Batasuna y el PSE, pero con el tiempo se supo que en realidad había habido una fase previa de contactos en 2005, que habían desembocado en una serie de acuerdos y garantías para llegar al denominado «punto cero» (el alto el fuego). Esta cuestión se admite ya sin tapujos.

Con el tiempo, ETA denunció que se ha- bían incumplido cláusulas como no hacer detenciones, y que la declaración de Zapatero sobre el respeto a la decisión de los vascos tampoco se ajustaba a lo pactado. El proceso de negociación empezó a tambalearse, se produjo el atentado de la T-4 y el último intento de diálogo tampoco prosperó. ETA rompió la tregua en junio de 2007.