La vida televisiva aplicada a los intereses partidistas nos sigue deparando signos de inestabilidad que nos hacen llegar a la conclusión de que algo va a suceder en breve. Me refiero a que la siempre impertérrita María Dolores de Cospedal, la efigie pepera, dejó caer que no verían mal una ley que permitiera la privatización de los entes autonómicos pertenecientes a la FORTA. Por decirlo de alguna manera, les quema un poco esas estructuras tan mastodónticas y saben que una buena privatización, es decir una suerte de donación a un grupo mediático amigo, es igual de rentable ideológicamente, no desgasta a los responsables de la mayoría parlamentaria coyuntural y la presencia propagandística y electoralista está garantizada.

Así, de entrada, no sé qué pensar al respecto, porque estos entes son un agujero negro, un juguete partidista, una degradación del panorama mediático y una muestra de control informativo parcial, que recuerda a otros métodos y regímenes. Y cada día me cuesta más verles algún motivo para justificar la existencia de estos instrumentos de colonización ideológica, de colocación de profesionales y productoras afines, porque, al menos en lo que nos toca más de cerca, EITB, el desconcierto es de tal magnitud, la pérdida de incidencia tan abrumadora, que en estos momentos parece que se ha convertido en un estorbo, en un lujo, en un despilfarro económico que nadie sabe argumentar su defensa sin caer en demagogias o en ficticios objetivos fundacionales, como fue el de la normalización del uso del euskera.

Por lo tanto, en este caso, parece que se está vaciando de tal manera, como si estuvieran preparando una salida casi obligada en la privatización, total o parcial, a la que Basagoiti, como comandante en jefe de la escuadra en el campamento, no le parecería nada mal, siempre que cayera en manos de quien debe caer. Y ahí es donde la impertérrita coloca el acento, porque no se tarta de abrir un proceso limpio, sino de seguir con el control con mando a distancia, manteniendo la arbitrariedad de la concesión administrativa. Si no le parece bien a alguien la línea política de una cadena, no se renueva la concesión y punto.