Seiscientas personas que viven con el VIH han sido condenadas penalmente por transmitir el virus de forma no intencionada. El pasado mes de agosto, un tribunal de Darmstadt (Alemania) condenaba a la cantante Nadja Benaissa a dos años de prisión sin cumplimiento efectivo, por los delitos de agresión mediante transmisión del sida y de intento de agresión, al haber mantenido relaciones sexuales no protegidas con tres hombres entre 2000 y 2004 sin haberles dicho que era seropositiva, contagiando, supuestamente, el virus a uno de ellos...

¿Dónde están las consideraciones ético-legales en cuanto a los derechos de las personas que viven con VIH? ¿Acaso Nadja no tiene derecho a la intimidad y a no ser discriminada? Los medios han revelado aspectos relativos a su vida privada y a sus orígenes, ofreciendo datos confidenciales que no son en absoluto factores explicativos de la «propagación del sida».

Además de estigmatizar, la condena penaliza la transmisión y la exposición al virus, y supone un obstáculo para las políticas de prevención y de acceso a los cuidados, ya que muchas personas preferirán no someterse a pruebas de detección precoz, para «no saber». Así nadie podrá acusarles en el futuro de no comunicar su situación con respecto al VIH.

Del juicio mediático contra Benaissa se extraen dos lecciones nada pedagógicas: 1) Que Nadja debería haber sido una ciudadana responsable, acudiendo a cada cita con el diagnóstico serológico del virus de inmunodeficiencia humana; 2) Que el preservativo es única y exclusiva responsabilidad de quienes viven con VIH. Y es que parece que ofrecer y aceptar un condón no es cosa de dos.