La declaración que ETA hizo pública el pasado domingo ha tenido una considerable resonancia en el ámbito internacional. Una resonancia aún más comprensible teniendo en cuenta que las expectativas creadas por la iniciativa de la izquierda abertzale trascienden las fronteras de Euskal Herria y las de los estados español y francés. Así pues, la noticia de esa declaración ha encontrado un espacio preferente en los medios internacionales; sin embargo, quienes mayor responsabilidad deberían mostrar en lo referente a un asunto que les afecta directamente parecen no haber percibido esa trascendencia, a tenor de las declaraciones del ministro de Interior español, Alfredo Pérez Rubalcaba.

El ministro ha hecho gala de una notable irresponsabilidad y ha transmitido un indisimulado malestar por una noticia que no puede ser acogida sino con alegría o, al menos, con esperanza, como ha manifestado haberlo hecho la Comisión Europea. El hecho de que los responsables gubernamentales españoles traten de desvirtuar esa dimensión que las manifestaciones de la UE, líderes políticos y prensa internacional han otorgado a la noticia es especialmente grave cuando esos responsables deberían ser los primeros no sólo en valorar cada paso en positivo, sino en hacer lo propio en pos de una dinámica que facilite y acelere en lo posible la reconducción de un conflicto de consecuencias dramáticas a parámetros exclusivamente de confrontación política. La reacción del Gobierno español podría ser fruto del desconcierto ante lo que sabían estaba sucediendo, pero un desconcierto consecuencia del temor a un escenario plenamente democrático e inclusivo.

La declaración de ETA es una buena noticia, un paso en la dirección de un escenario democrático, pero «insuficiente» para algunos, para quienes han demostrado su insuficiencia democrática y su incapacidad de sacar otra conclusión de la noticia de la declaración de ETA que el intento de la izquierda abertzale de estar presente en una cita electoral concreta. Y es que no ven, no quieren ver, que no se trata de un proceso democrático supeditado a la participación en una cita electoral concreta, sino de lograr unas condiciones democráticas mínimas en las que se respeten ése y todos los demás derechos.