Por segunda vez en una semana, los europarlamentarios condenaron las repatriaciones de ciudadanos de etnia gitana desde el Estado francés a sus países de origen en Europa del Este, fruto del endurecimiento de la política de seguridad del presidente Nicolas Sarkozy, que ha provocado muchas criticas y una gran polémica en Europa. Con 337 votos a favor, 245 en contra y 51 abstenciones, la Eurocámara condenó esa política e instó a las autoridades francesas a cesar «inmediatamente» las deportaciones, una petición rechaza de plano por el Gobierno galo.

La Cámara sacó adelante una dura resolución presentada por socialistas, liberales, ecologistas y comunistas que, aunque carece de carácter vinculante, supone un revés embarazoso para París, además de censurar la pasividad de la Comisión Europea.

Los eurodiputados mostraron su «profunda preocupación» por el uso de una retórica «incendiaria y abiertamente discriminatoria» en los discursos políticos durante la crisis de las deportaciones, ya que temen que dé «credibilidad a las declaraciones racistas» de grupos ultras. Para los eurodiputados, en el Estado francés se está generando una «ola de estigmatización» y de «denigración general de los gitanos en el discurso político».

Asimismo, condenan «profundamente» las medidas adoptadas por «las autoridades francesas y de otros estados miembros contra gitanos y nómadas y orientadas a su expulsión», y advierten de que las deportaciones «masivas» están «prohibidas» por la Carta de Derechos Fundamentales, «violan las leyes y tratados de la UE» al suponen una «discriminación basada en la raza o la etnia».

«El derecho de todos los ciudadanos de la Unión y de sus familiares a circular y residir libremente en toda la UE constituye un pilar de la ciudadanía europea», recuerda la resolución adoptada por el Parlamento Europeo, reunido en sesión plenaria en Estrasburgo, dos días después de un encendido debate en el Hemiciclo sobre la situación de los gitanos en Europa.

París defiende las medidas adoptadas amparándose en la defensa del orden público y sostiene que cada caso ha sido estudiado individualmente y que las repatriaciones son voluntarias. Sin embargo, los diputados europeos ponen en duda que la decisión se haya tomado «caso por caso» y advierten de que la «falta de medios económicos no justifica en ningún caso la expulsión automática» de ciudadanos comunitarios.

Por eso, la resolución adoptada ayer emplaza a «suspender inmediatamente todas las expulsiones de gitanos» en el Estado francés y en otros, sin citarlos.

La Eurocámara critica también la respuesta «tardía y limitada» de la Comisión Europea, pese a su obligación de garantizar que los gobiernos nacionales respetan las normas europeas, especialmente en cuanto al principio de no discriminación y a la libertad de movimiento. Por eso, pide firmeza a Bruselas y le reclama que verifique rápidamente si las políticas del Estado francés y otros países comunitarios contra los gitanos violan o no las normas de la UE.

Cambios descartados

El Gobierno francés, sin embargo, insiste en que los desmantelamientos de los campamentos y las repatriaciones se están realizando conforme a la normativa de la Unión Europea (UE), por lo que el ministro francés de Inmigración, Integración e Identidad Nacional, Eric Besson, no dudó en rechazar de plano la exigencia de la Eurocámara.

«Quiero decir muy claramente que está descartado que Francia suspenda las reconducciones hacia los países de origen, ya se trate de rumanos, búlgaros o de cualquier otro ciudadano extranjero», declaró Besson durante una visita a Bucarest para explicar precisamente a las autoridades rumanas su política hacia los gitanos.

Besson agregó que «el Parlamento Europeo se ha excedido en sus prerrogativas y evidentemente nosotros no tenemos por qué someternos a un dictado político. No vamos a cambiar nuestra hoja de ruta».

En paralelo, el secretario de Estado francés de Asuntos Europeos, Pierre Lellouche, que viajó a Bucarest junto a Besson, había denunciado, según recogió Efe de una entrevista en «Le Monde», «la enorme burbuja de hipocresía, en Francia y en nuestros socios europeos», porque se culpa a París «de un problema que no se ha tratado durante diez años», y añadió que «Francia no tiene vocación de convertirse en una ventanilla social ni acoger a dos millones de personas con grandes dificultades que vengan de otra parte de Europa».

El estado francés y Rumanía se pusieron de acuerdo para «poner fin a las estériles polémicas» sobre la expulsión de gitanos por París y poner en marcha un plan de acción conjunto, de acuerdo con la Comisión Europea para resolver esta situación, según indicaron Besson y el titular rumano de Exteriores, Teodor Baconschi.

Lellouche y su colega rumano, Valentin Mocanu, anunciaron, por su parte, que los dos países van a pedir a Bruselas que aporte más fondos para la «reinserción social» de los gitanos en sus países de origen, indicó Efe. Esta estrategia de reinserción, según explicaron, debería ser llevada a cabo en colaboración con ONG y con las administraciones locales.