Los chárteres de la miseria han marcado los compases del periodo de descanso vacacional. En una circular interna, el ministro de Interior francés, Brice Hortefeux, daba cuenta esta semana de la evacuación de «441 campamentos ilegales desde el pasado 28 de julio» e instaba a las prefecturas a continuar con esa operación a todas luces contradictoria con la Convención de Derechos Humanos y con el tratado europeo sobre la libre circulación de personas.

La carta es una versión corregida. En la circular emitida el pasado 5 de agosto, el titular de Interior fijaba una prioridad: la detención para su posterior expulsión de ciudadanos Rom. La actuación francesa ha provocado, bien es cierto que con un incomprensible retraso, una reacción en cadena de los principales estamentos europeos. Siguiendo la estela de Naciones Unidas, el Parlamento Europeo se ha pronunciado con contundencia en contra de la política de expulsión sistemática de ciudadanos romaníes, en su mayoría procedentes de Rumanía y Bulgaria.

La Comisión Europea ha sido la última instancia en abordar esta cuestión. Viviane Reding, la comisaria europea encargada de asuntos de Justicia y Derechos Humanos, anunciaba este martes en Bruselas su intención de promover un doble procedimiento de infracción contra el Gobierno francés.

La primera denuncia se basará en el incumplimiento por París de las garantías legales escritas que se establecen en la directiva sobre libre circulación de ciudadanos europeos en los procesos de expulsión. A esa denuncia, de carácter más formal, se suma un segundo procedimiento, esta vez por el cariz discriminatorio de las medidas contra los Rom adoptadas por el Gobierno de Nicolas Sarkozy, deseoso de zafarse de la presión mediática suscitada por las revelaciones en torno al «escándalo Bettencourt», que tiene contra las cuerdas al ministro de Trabajo, Eric Woerth, y salpica ya al Elíseo.

En el plazo de dos semanas, el presidente francés podría encontrarse con una condena explícita por parte de Bruselas ante cuyas implicaciones prácticas conviene ser cautelosos. Lo que plantea bastantes menos dudas es que el eventual pronunciamiento de la Unión Europea puede agudizar todavía más la crisis de descrédito que sacude a Sarkozy.

El Elíseo ha reaccionado con evidente enfado ante las declaraciones de Reding, que ha reculado. Un Sarkozy cada vez más parecido a Berlusconi ha sugerido en una reunión con electos de su partido que «la comisaria puede acoger, si quiere, en su país de origen, Luxemburgo», a los expulsados rumanos. La activa diplomacia francesa en Bruselas dispone de un plazo relativamente corto para tratar de edulcorar el pronunciamiento de la UE y rebajar así la factura política a pagar por París tras el poco honroso comportamiento de Sarkozy en el Consejo Europeo.

Hortefeux versus Besson

«Le Canard social» de Nantes, un medio regional independiente y que se edita exclusivamente a través de internet, ha sido el responsable primero del nuevo quebradero de cabeza para el Gobierno francés. El medio digital se ha procurado primero y puesto en línea después tres circulares hechas llegar a las prefecturas para agilizar la «caza al Rom», desatando un escándalo mayor dentro y fuera de las fronteras hexagonales.

De hecho, tras conocerse de la existencia de ese correo interno, y con la amenaza de una incómoda amonestación comunitaria en el horizonte más cercano, el diario conservador «Le Figaro» difundía esa segunda versión corregida del comunicado de Interior, que guarda las formas sin renunciar al propósito de seguir expulsando a ciudadanos procedentes de países a los que Bruselas exige planes económicos draconianos para su inserción real en la Unión Europea.

De hecho, si el desmantelamiento de campos de pobreza y la detención de las personas obligadas a vivir en ellos es competencia de Hortefeux, la conducción a frontera para su expulsión es competencia del titular de su sucesor en el Ministerio de Integración e Identidad Nacional, Eric Besson.

Al ser preguntado al respecto por los medios, Besson optaba, el pasado fin de semana, por declarar que desconocía de la existencia de la circular en el origen del escándalo y hasta retaba a los periodistas a aportar pruebas fehacientes de que París actúa en contra del derecho comunitario.

La publicación, el lunes, de la circular del 5 de agosto y la revelación dos días después por «Le Canard Enchaîné» de que un representante de Besson estuvo en la reunión en la que se elaboró la controvertida circular dejaba al desnudo al titular de Inmigración.

El hecho de que la controversia sobre la orden de actuar contra los romaníes sea protagonizada por dos miembros del Gabinete que suenan entre los aspirantes a suceder a François Fillon no ha pasado desapercibido para los medios. Por si fuera poco, otra de las figuras que suena para encabezar un nuevo gobierno, la lohizundarra Michèle Alliot-Marie, se ha visto envuelta en un escándalo adyacente al «caso Bettencourt». «Le Monde» ha denunciado en los tribunales el presunto espionaje de que habría sido objeto a cargo de los servicios de inteligencia y seguridad interior de cara a destapar la fuente del Ministerio de Justicia en el origen de las revelaciones que ha publicado el diario sobre el sumario relativo a la heredera del imperio L'Oréal, investigada por un caso de evasión de impuestos, ahora aderezado de otro presunto caso de tráfico de influencias.

Intentos fracasados

Los intentos por detener la deriva judicial del escándalo han fracasado y una torpe intervención de los servicios secretos no parece el mejor aderezo para el currículum de la titular de Justicia, cuyo nombre figuraba también en las quinielas para suceder a Fillon en el despacho de Matignon. El todavía primer ministro no ha tenido empacho en pedir explicaciones en presencia de los diputados de la UMP a la ministra de Justicia, a la que hace responsable de la revelación del sumario Bettencourt por David Sénat, magistrado y consejero de Alliot-Marie.

Con Hortefeux y Besson seriamente tocados por el escándalo de las instrucciones xenófobas a las prefecturas; con Eric Woerth vapuleado por el escándalo Bettencourt y sometido a la presión de los sindicatos por la reforma de las pensiones; y, por fin, con una Alliot-Marie cuestionada por el presunto espionaje para revelar las fuentes empleadas por el periodista Gérard Davet, la sensación de desintegración del Gobierno francés alcanza hoy sus más altas cotas.

Con todo, Sarkozy se aferra a su calendario y, pese a que una huelga asoma en el horizonte, insiste en completar el trámite de aprobación de la ley de pensiones antes de mandar al retiro a unos cuantos ministros.