La Comisión Europea (CE) reculó ayer ante el Estado francés y en lugar de poner en marcha un expediente, como casi se daba por seguro tras afirmar la comisaria europea de Justicia, Viviane Reding, que se habían detectado «indicios serios» de ilega- lidad en la política contra los gitanos y se limitó, tras dos horas de debate, a anunciar un procedimiento de infracción contra el Estado francés sobre una cuestión menor, la incorrecta aplicación de la norma de la Unión Europea (UE) de 2004 sobre la libre circulación. Además, la puesta en marcha de este expediente todavía puede paralizarse si París da garantías de que corregirá su legislación en materia de libre circulación de ciudadanos antes del 15 de octubre.

La portavoz de la Comisión, Pia Ahrenkilde, justificó la decisión en las garantías recibidas «al más alto nivel» por parte del Estado francés de que sus medidas de expulsión «no tenían como objetivo o como efecto concentrarse en una minoría étnica específica sino que han tratado a todos los ciudadanos de la UE de la misma forma».

Además, París anuló la polémica circular fechada el 5 de agosto que el Ministerio del Interior francés remitió a las fuerzas de seguridad con la orden de desmantelar todos los campamentos ilegales, especialmente los de gitanos, que «no se ajustaba a esta orientación», ha resaltado la portavoz.

Asimismo, las autoridades francesas han asegurado a la Comisión que aplicarán de forma «totalmente eficaz y no discriminatoria» el derecho de la UE, en conformidad con los Tratados y con la Carta de los Derechos Fundamentales.

«La Comisión continuará el diálogo con las autoridades francesas y les enviará una carta con cuestiones detalladas sobre la aplicación en la práctica de las garantías políticas que ha recibido», dijo Ahrenkilde.

Con todo ello, el Ejecutivo comunitario zanja la cuestión de la posible discriminación en las expulsiones de gitanos. La comisaria y vicepresidenta Reding había amenazado con un segundo expediente por la no trasposición por parte francesa de las garantías procedimentales contempladas en la directiva de libre circulación de personas, pero tampoco este procedimiento de infracción se sustanció ayer.

La Comisión se limitó a anunciar que enviará en octubre una carta de emplazamiento por este motivo, primera fase de un expediente, «a menos que Francia envíe antes del 15 de octubre un proyecto de medidas de trasposición y un calendario preciso para su adopción». Ello significa que, si París cumple esta condición, a la que ya se ha comprometido el presidente, Nicolas Sarkozy, el procedimiento de infracción nunca llegará a lanzarse.

París consideró ayer que sale «con la cabeza alta» del análisis hecho por la Comisión Europea de su política de desmantelamiento de campamentos gitanos y de su expulsión, intensificada durante el pasado verano, según aseguró el ministro francés de Inmigración, Eric Besson, en una comparecencia parlamentaria.

Además, el Ministerio francés de Exteriores emitió una nota en la que mostró su satisfacción por haberse librado del procedimiento de infracción y vio en ello el reflejo de que la justificación aportada por París mostraban que sus medidas no perseguían a ninguna minoría específica. Se comprometió a enviar la documentación complementaria reclamada por Bruselas sobre el método de transposición de la directiva.