Los veinte ciudadanos vascos que están siendo juzgados en la Audiencia Nacional española, dentro de la causa abierta contra Udalbiltza, volverán hoy a sentarse ante el tribunal presidido por el juez Javier Gómez Bermúdez. En esta recta final del juicio, los imputados seguirán recibiendo el apoyo y la solidaridad de agentes políticos, sociales o sindicales y de miles y miles de ciudadanos vascos que participarán en diferentes movilizaciones convocadas por toda Euskal Herria.

En este sentido, mañana se celebrará en Bilbo una manifestación, que partirá a las 19.30 de la plaza Arriaga bajo el lema «Bai Udalbiltzari. Bai Euskal Herriari. Udalbilza aske!». La encargada de convocar esta marcha ha sido la agrupación Bilboko Ekimena, formada por la izquierda abertzale, EA, Aralar, Alternatiba, Antikapitalistak, Euskal Komunistak, PCPE, ELA, LAB, ESKE o STEE-EILAS, entre otras. Asimismo, para el sábado, a las 12.00, han convocado concentraciones en todas las localidades desde la red Bai Udalbiltzari, además de adherirse a la manifestación que recorrerá las calles de Bilbo por la tarde. Desde Udalbiltza han invitado «a ciudadanos de todas las ideologías a denunciar este juicio que vulnera derechos civiles y políticos básicos».

Hasta mediados de octubre

A mediados de julio arrancó en Madrid el proceso judicial contra Udalbiltza que sigue la estela de la teoría del «todo es ETA» que han dejado otros sumarios como «Jarrai-Haika-Segi», 18/98 o el llevado a cabo contra Gestoras pro-Amnistía y Askatasuna. Aun así, en las seis sesiones que se han celebrado, la acusación, formada por el Ministerio Público y por la asociación ultra derechista Dignidad y Justicia, no ha presentado pruebas que demuestren la supuesta subordinación de Udalbiltza en ETA.

Los imputados han denunciado en repetidas ocasiones que «este proceso ha sentado en el banquillo las bases de la democracia, porque lo que se juzga es una actividad institucional y pública dirigida por ciudadanos elegidos en las urnas».

En las sesiones de hoy y mañana se presentarán ante el tribunal las pruebas periciales del caso. Eso sí, antes tendrán que declarar dos policías llamados en calidad de testigo por la acusación. El juicio, marcado por la falta de seriedad de la acusación, se ha suspendido en más de una ocasión por la ausencia de los testigos llamados por el fiscal Juan Moral, y en la mayoría de los casos el tribunal lo justificó explicando que algunos policías estaban jubilados, que se encontraban de vacaciones o que habían cambiado de domicilio, por lo que no los localizaban. Si las previsiones se cumplen, el juicio quedará visto para sentencia a mediados de octubre con la exposición de las conclusiones de las dos partes.

Desde julio, los acusados han ido desmontando uno a uno todas las acusaciones de la Fiscalía. El representate del Ministerio Público, Juan Moral, recoge todas sus acusaciones y teorías en un informe. Se necesita algo de imaginación para poder seguir sus explicaciones, que en ocasiones no tienen ni pies ni cabeza. No se menciona ni una única iniciativa o acto que pueda guardar relación con ETA y se criminaliza la actividad de Udalbiltza por el mero hecho de coincidir en objetivos con ETA. Aunque la institución nacional no haya utilizado la violencia, impulsar y defender la independencia y el socialismo hacen que para el fiscal sean parte del «grupo terrorista».

Acusaciones sin sentido

Moral explica que algunos objetivos fijados por Udalbiltza, como la de crear una institución que abarque los siete herrialdes, defender la nacionalidad vasca o crear un foro de debate, entre otros, son objetivos impulsados por ETA. En ocasiones ETA había «valorado positivamente» la labor de Udalbiltza o que había «felicitado» a sus integrantes mediante la publicación Zutabe. Así que tener, compartir ideas o valorar su trabajo es razón suficiente para el Ministerio Público para decir que «Udalbiltza forma parte de ETA». La «prueba» más clara que presenta el fiscal es un Zutabe donde ETA indica al futbolista Bixente Lizarazu que tiene «algunas posibilidades para dirigir esa ayuda, para Euskadi ta Askatasuna, o para las organizaciones y movimientos que trabajan para la construcción nacional de Euskal Herria (Udalbiltza, Ikastolas, medios de comunicación vascos...).

Por otra parte, Moral afirma que «Udalbiltza-Kursaal constituye una plataforma bajo el control directo y exclusivo de ETA, a través de Ekin y del suspendido e ilegalizado partido político Batasuna». El fiscal ha puesto todo su empeño durante el juicio para demostrar que en los años en que funcionó Udalbiltza hubo dos etapas. De ahí el término «Udalbiltza-Kursaal», con el que hace referencia a la etapa posterior a febrero del 2001, cuando se celebró en el Palacio Kursaal de Donostia una asamblea con la asistencia de unos 800 cargos electos. El fiscal detalla que los asistentes estaban «todos vinculados exclusivamente a la izquierda abertzale», dando por mostrada la «ilegalidad» de Udalbiltza.

La cuestión es que no se recogen los argumentos de esta acusación, ni siquiera se explica cuándo y por qué adopta la institución ese «carácter delictivo». Por el contrario, un edil independiente de Cortes dijo ante Gómez Bermúdez que había asistido a las asambleas celebradas tanto en el Euskalduna (año 1999 ) como en el Kursaal, y explicó que en la segunda asamblea «se ratificaron los principios aprobados en la primera». «Yo he visto todo igual», decía.

La teoría del fiscal sigue con que la pretensión de Udalbiltza era construir «un órgano de contrapoder», así que la acusación ve «ministerios» en las comisiones de trabajo creadas en torno a diferentes ámbitos -euskara, cultura, deporte, economía...¯ dentro de la institución nacional.

Pero la historia que han construido en torno al EHNA, escapa de los límites de la realidad. Cuenta que el Euskal Herriko Naziotasun Aitormena es «excluyente para todos aquellos que no se reconocen como ciudadanos vascos». Y llega a la conclusión de que «Udalbiltza conseguirá un censo al excluir las solicitudes que se pudieran formular por los miembros de las fuerzas de ocupación de los Estados español o francés o situados en Euskal Herria».

Sobre cinco de los imputados, además, recáe la acusación de «malversación de caudales públicos» por los que la acusación pública pide penas de 5 años, además de 10 por «integración en organización terrorista». Dignidad y Justicia va más allá, y pide entre 14 y 22 años. Los imputados han defendido que no han utilizado esos fondos en beneficio propio, y la acusación tampoco tienen ninguna prueba al respecto. Además, en la última sesión del juicio, el ex alcalde de Bilbo y miembro del Tribunal Vasco de Cuentas, José María Gorordo, explicó que en la fiscalización llevada a cabo en las cuentas de Udalbiltza en el año 2003 «no había anomalías o desvíos de cuentas». También el Tribunal de Cuentas llegó a la misma conclusión.