En una sociedad tan movilizada como Euskal Herria, durante estos últimos 35 años se han llevado a cabo miles y miles de manifestaciones, algunas tan multitudinarias como la que ayer tarde inundó las calles de Bilbo. En estas convocatorias se ha apoyado a los presos, se ha reivindicado la independencia, se ha respaldado la negociación, se ha reclamado la paz, se han condenado atentados, se han denunciado detenciones y macrojuicios... Sin embargo, probablemente ninguna de ellas ha tenido una demanda tan elemental y global como la de ayer: derechos humanos, civiles y políticos, es decir, derecho a la vida, libertad de manifestación y expresión, derecho a la acción política, derechos también para detenidos y presos.

Que tres décadas y media después de la muerte de Franco la ciudadanía vasca tenga que hacer piña en torno a reivindicaciones tan básicas demuestra el grado de involución al que ha llegado el Estado español. Un gobierno del PSOE ha sido quien ha liderado este retorno a la represión política más pura y dura, ejemplificada este semana en la detención y encarcelamiento de miembros de Askapena por labores como difundir la apuesta por las vías políticas y democráticas de ``Zutik Euskal Herria''. Y lo ha hecho con argumentos como el verbalizado el jueves por su portavoz en el Parlamento de Gasteiz, José Antonio Pastor: «No estamos en un momento post-ETA, y por eso tenemos que ser más firmes que nunca para que vean que no hay otro camino». La frase retrata las débiles convicciones democráticas de quienes desde el poder utilizan los derechos civiles y políticos (y también los humanos, porque ahí están las últimas denuncias de torturas) de modo abusivo y arbitrario -ahora sí, ahora no- para lograr sus objetivos.

Por eso, la importancia de la movilización de ayer es enorme en términos políticos. Constata que una mayoría de la ciudadanía vasca, de sus partidos, de sus sindicatos, no acepta estos golpes del Estado contra los principios democráticos, no traga ya que los derechos básicos sean una mera moneda de cambio al albur de intereses políticos concretos. Y cree, además, que diagnósticos como el de Pastor son erróneos, porque el camino de la resolución al conflicto no pasa por seguir vetando derechos y libertades -y menos a estas alturas en que los pasos de la izquierda abertzale son grandes y ETA muestra también su voluntad de llegar hasta el final- sino justo por lo contrario: por restituirlos y ampliarlos.

Ecuador, un espejo de los tiempos

La importancia de las sociedades civiles movilizadas se ha constatado también esta semana muy lejos de Euskal Herria, en Ecuador. Evidentemente, no es algo nuevo que en Latinoamérica se produzcan golpes de Estado, ni que sean protagonizados por sus estructuras armadas (en este caso la Policía), ni que las oligarquías locales los impulsen, ni que Washington deje hacer (su primera valoración se limitó a indicar que seguía los acontecimientos «con interés»). Lo realmente nuevo en este caso, y a la postre decisivo, ha sido la movilización de la sociedad civil en favor del gobierno legítimo de Rafael Correa. Basta recordar que el pueblo llegó antes que el Ejército para rescatar a su presidente, encarando el riesgo de sufrir una masacre.

El desenlace de la crisis no sólo refuerza la figura de Correa, sino también la convicción de que Latinoamérica está escribiendo un nuevo futuro de la mano de gobiernos con un gran y reiterado apoyo popular en las urnas, basados en la defensa de su soberanía y la voluntad de actuar juntos (bolivarianos) y en el impulso a un sistema social más justo y al protagonismo de las masas populares excluidas históricamente (socialistas). Para la izquierda abertzale, este proceso se ha convertido también en referencia del modo en que se pueden conseguir objetivos a través de la apuesta por el voto y la movilización. Por eso, el fracaso del golpe y el modo en que se produjo es una noticia especialmente buena también para los demócratas de Euskal Herria.

Por qué el 29-S pasó de largo

La lucha por los derechos en Euskal Herria y la respuesta a la intentona de Quito muestran que a las sociedades civiles no les basta sólo con estar movilizadas, sino que además necesitan actuar en clave nítidamente reivindicativa para alcanzar resultados. En caso contrario, existe el riesgo de que su acción termine convirtiéndose en un complemento de aquello a lo que teóricamente quieren combatir. Es lo que ha ocurrido con la huelga realizada por UGT y CCOO el pasado miércoles, que resultó especialmente desangelada en Euskal Herria.

Fue el colofón lógico a una iniciativa que, pese a reivindicar objetivos justos, estuvo plagada de sospechosos desatinos. No se entiende, por ejemplo, que la huelga se haya realizado tras la aprobación de la reforma laboral y no antes. También llama la atención que fuera el Gobierno español quien la alimentara decretando servicios mínimos en algunos ámbitos que esta vez superaban a la incidencia real de la huelga, al contrario de lo que ocurrió en junio. Zapatero y UGT comenzaron pactando la ausencia del acto anual de Rodiezmo y han terminado convirtiendo este 29-S en una refriega más mediática que real, en la que quien se sometía a examen eran más los sindicatos que el Gobierno. La mayoría social vasca lo ha percibido y le ha dado la espalda.