El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado al Estado español a pagar una indemnización de 23.000 euros a Mikel San Argimiro por no investigar las denuncias de torturas que dice sufrió este vasco a manos de la Guardia Civil durante cinco días. Desde luego el relato que ha hecho público San Argimiro produce un hondo estremecimiento. Es un relato tan vivo y puntual que no hay juez con verdadero sentido moral que niegue la investigación pedida. Las torturas son tan variadas y descritas con tal fidelidad que no se puede recurrir a ese sonsonete ridículo de que son fruto de una «cartilla» aprendida. Es más, las bibliotecas contienen una serie bastante crecida de volúmenes en que se relatan tales deleznables comportamientos por parte de agentes de la llamada Benemérita. Parte notable de esos libros están firmados por socialistas destacados del PSOE, como por ejemplo el escrito por Vidarte, que llegó a la secretaría general del partido. Por lo visto, los socialistas actuales han olvidado toda esa tristísima crónica y han asentado su pie de gobernantes en el cuerpo que sus antecesores, y tantas veces víctimas, denunciaban con tanto rigor y tristeza. Ellos sabrán por qué. A estas alturas de mi vida sé demasiadas cosas para no sentir una tristeza infinita como ciudadano. Como asturiano no puedo olvidar la bestialidad con que el comandante Doval trató a los mineros sublevados y a las mujeres que cayeron en sus manos tras la rendición por el inolvidable movimiento popular de 1934. Pero el problema es éste: ¿No hay policía capaz de investigar sin tortura? ¿Por qué los gobiernos necesitan a los torturadores? ¿Fabrican con la inmunda tortura el objetivo que persiguen?