Sarkozy hará cambios en la reforma pero insiste en la edad de jubilación
Después de seis huelgas generales y con una séptima anunciada para el próximo martes, el presidente francés, Nicolas Sarkozy, ha decidido incorporar algunos cambios a su proyecto de reforma del sistema público de pensiones. Así lo anunció ayer tras una reunión en el Elíseo con varios miembros de su Gabinete. Sin embargo, el mandatario galo insiste en mantener en la reforma el retraso de dos años en la edad mínima legal de jubilación.
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Nicolas Sarkozy anunció ayer algunos cambios en la polémica reforma de las pensiones que debate estos días el Senado, pero confirmó que se mantiene el retraso en dos años, hasta los 62, de la edad mínima legal de jubilación, a pesar de las numerosas y multitudinarias protestas que ha originado. El presidente francés se reunió en el Elíseo con el primer ministro, François Fillon, y el titular de Trabajo, Eric Woerth, entre otros altos cargos, y anunció que las modificaciones acordadas costarán 3.400 millones de euros.
Estos cambios afectan en primer lugar a padres de familia que se hayan tomado al menos un año de baja laboral por nacimiento en los tres años siguientes al nacimiento de un hijo, para que se les mantengan las condiciones actuales de jubilación. Además, el acuerdo alcanzado ayer prevé mantener las condiciones actuales para la jubilación en el caso de padres con hijos discapacitados que hayan visto afectada su vida profesional por esa situación familiar. También acordaron presentar una enmienda al proyecto de reforma de pensiones para que se aborde específicamente el caso de las madres de familia que estén más cerca de la edad de jubilación y que hayan tenido que interrumpir sus carreras profesionales para atender al cuidado de sus hijos.
Nueva huelga el día 12
El anuncio del Elíseo se conoció dos días después de iniciarse en el Senado el debate sobre el texto de reforma de las pensiones, ya aprobado en la Asamblea y que la Cámara Alta prevé votar dentro de semana que viene. Dos días antes, el día 12, hay convocada una nueva jornada de protesta en el Estado francés -la séptima en lo que va de año- contra la reforma, que incluye ya paros indefinidos en sectores esenciales, como el transporte ferroviario y la generación y distribución de energía.
La reunión de la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso español, que empezó el miércoles para abordar la reforma de las pensiones, volvió a eludir ayer los temas conflictivos y que más separan a los grupos, como el aumento del periodo de cálculo de las pensiones, la ampliación de la vida laboral o la congelación de las pensiones para 2011 para poder avanzar en el debate, que continuará en los próximas semanas sin perspectivas claras de cerrar un acuerdo, informó Europa Press.
La discusión ha seguido estos dos días el guión marcado por las recomendaciones de la anterior edición del Pacto de Toledo, de forma que han hablado de la aportación al Fondo de Reserva y la revalorización de las pensiones, donde existen «bastantes posiciones cercanas», según indicó el portavoz de IU, Gaspar Llamazares. Sin embargo, no se ha discutido la polémica generada por la decisión del PSOE de suprimir la revalorización automática de las prestaciones -salvo las mínimas- en función del IPC para el próximo año, cuestión que varias formaciones quieren que quede rectificada explícitamente por el documento final de la Comisión, algo a lo que se niega el PSOE. GARA
La Audiencia Nacional española ha expresado sus dudas sobre la constitucionalidad del recorte salarial medio del 5% a los empleados públicos aprobado por el Gobierno de Zapatero. Según informó ayer CCOO, la Sala de lo Social ha abierto una vía procesal para estudiar la posible inconstitucionalidad del decreto Ley de 20 de mayo sobre Medidas Extraordinarias para la reducción del déficit público, que incluye la rebaja de sueldo de los asalariados del sector público.
De esta forma, el tribunal especial admite la demanda de conflicto colectivo presentado por UGT, CCOO y el SATNP de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) contra el Ministerio de Economía y Hacienda, la Confederación Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), y el Comité Intercentros de la FNMT.
La Audiencia duda de la constitucionalidad de la nueva redacción de los artículos 22, 4 y 25 de la Ley, ya que podrían afectar «al contenido esencial» del derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva. La resolución del tribunal también plantea la cuestión de constitucionalidad sobre esta medida «por posible afectación» del derecho de igualdad. GARA
