PSE y PP se negaron ayer a que Etxerat acuda a las Juntas Generales de Araba con el objetivo de «visibilizar» la constante vulneración de derechos que sufren tanto los presos políticos como sus familiares.

El PSE -que por primera vez contestó a una proposición realizada por la izquierda abertzale- se negó a recibir a Etxerat porque, a su juicio, no son más que «familiares de terroristas». Por su parte, EB se abstuvo de la votación al entender que el tema «no es competencia de las Juntas». Según denunció Etxerat, en la sesión de ayer también se trataron temas que no son competencia de esta institución «como, por ejemplo, el de los divorcios».

Por contra, el PNV se mostró partidario de la proposición, una posición que, posteriormente, a micrófono cerrada, fue recriminada por los junteros del PP.

Al término de la comisión, un grupo de familiares y amigos de presos y refugiados se concentró ante las puertas de las JJGG para denunciar lo que tildaron de «una auténtica verguenza», porque no sólo «atenta contra la libertad de expresión», sino que supone «un fraude» para miles de alaveses. «Buscan hacer invisible la criminal política penitenciaria y otorgar carta blanca» a la impunidad y a las vulneraciones de derechos. Ejemplo de ello, según indicaron, son los últimos intentos para evitar «que portemos las fotos de seres queridos en las concentraciones».

En la actualidad son 60 los alaveses y alavesas que padecen esta política penitenciaria. Una realidad que, en el conjunto de Euskal Herria, ha elevado a 300 los accidentes y 16 muertes en las carreteras, entre ellas la de los laudiotarras Pili Arsuaga y Fontso Isasi, y la vecina de Gasteiz, Natividad Junko.