La presión social ha demostrado ser una valiosa arma para plantar cara a la tortura. Ayer, decenas de familiares y víctimas de esta lacra reclamaron la solidaridad de todos para exigir justicia y responsabilidades a quienes practican la tortura y a quienes la amparan. Por ello, han convocado una protesta que coincidirá con el juicio por el caso de Igor Portu y Mattin Sarasola, pero también con otro proceso abierto contra cinco agentes de la Policía española a raíz de la denuncia de torturas de Maite Orue.

Ane Ituiño, abogada de Torturaren Aurka Taldea (TAT), y Joseba Compains, hermano del recientemente detenido Eneko Compains, hicieron público el manifiesto por el que convocan a una gran manifestación el día 30 en Donostia. Ambos se mostraron alarmados por los testimonios que están llegando estos días a raíz de las últimas detenciones y defendieron la necesidad de volver a poner sobre la mesa la lacra de la tortura. Las cifras que maneja el TAT son estremecedoras. El número de vascos que han denunciado torturas en los últimos 50 años se acerca ya a 10.000. Sin embargo, el hecho de que la denuncia de maltrato en dependencias policiales prospere y acabe en una vista oral sigue siendo noticia en el Estado español.

El comunicado que leyeron para convocar a la manifestación recuerda que las consecuencias de los malos tratos «no se acaban en comisaría, porque las declaraciones realizadas bajo tortura son utilizadas como pruebas en los juzgados, y estas pruebas se utilizan para castigar a ciudadanos y ciudadanas».

Entre las decenas de familiares que acudieron al acto se encontraban las madres de Xabier Kalparsoro y Gurutze Iantzi -muertos en dependencias policiales en 1993- los padres de Igor Portu y el de Mattin Sarasola. Como víctima de la tortura se personó Maite Orue. Asimismo, la presencia del hermano de Juan Carlos Besance, cuyo relato detallado del maltrato sufrido en dependencias policiales (bolsa, golpes, cinco días a ciegas con un antifaz...) se difundió anteayer, puso de manifiesto que «la tortura no es cosa del pasado, sino del presente».

De hecho, las denuncias por malos tratos a raíz de las últimas detenciones han sacado a la luz nuevas técnicas empleadas por los policías españoles, como el empleo de un spray paralizante o el encierro en una habitación denominada «el frigorífico». Estas prácticas no sustituyen, sino que se suman a otras más habituales, como el ahogo mediante «la bolsa», los golpes, las amenazas y los ejercicios físicos.

La manifestación de Donostia defiende tres principios elementales: el fin de la tortura «de una vez y para siempre», la implementación de vías y ayudas para que las víctimas superen las consecuencias, y acabar con el régimen de impunidad para los torturadores. Por otra parte, reclamará a las instituciones la eliminación del régimen de incomunicación como un «primer paso» y exigirá que adopten compromisos «nítidos» para erradicar esta práctica inhumana. En consecuencia, el lema que encabezará la protesta será sencillo: «Torturarik ez. No a la tortura».

La iniciativa nace de víctimas, sus familiares y el TAT. Según los convocantes, ahora llega el momento de dirigirse a los distintos líderes políticos, sociales y sindicales para que den su apoyo a la convocatoria. No obstante, el manifiesto recuerda que muchas organizaciones ya han mostrado su repudio y su preocupación por el régimen de incomunicación que ha instaurado el Estado español. Entre otros, recuerda a Amnistía Internacional, a los relatores de la ONU, al Ararteko y al Parlamento de Gasteiz, así como a la mayoría sindical vasca.

La manifestación de Donosti, que partirá a las 17:30 horas del día 30 desde el túnel del Antiguo, coincidirá con las vistas orales por dos casos de tortura. En la Audiencia Provincial de la capital guipuzcoana se sentarán nueve guardias civiles por lo ocurrido a Portu y Sarasola. Mientras, en Madrid, serán cinco policías españoles los que tendrán que responder por el caso de Maite Orue. Aunque el juicio de Portu y Sarasola no tiene aún fecha de inicio, desde el TAT indican que se celebrará entre el 25 y el 29 de octubre. Todo apunta a que las dos víctimas de maltrato policial declararán el día 28, que es el mismo día en que se inicia el juicio de Orue.

El poder de la presión popular

Para Ituiño, la evolución de estos dos procesos refleja de forma nítida el poder que posee la presión social para hacer frente a la tortura. «El caso de Portu y Sarasola ha conseguido sentar en el banquillo al menos a una parte de los implicados en poco más de dos años, mientras que el de Orue ha tardado cinco», sostiene la abogada del TAT. «La diferencia entre ambos se encuentra en que la sociedad fue consciente de lo que les había ocurrido a Igor y Mattin, gracias a la filtración del informe médico que describía que Sarasola tenía una costilla rota y el pulmón perforado». Ituiño explica que el Estado trató de tapar lo ocurrido, pero que la respuesta social le forzó a echarse atrás. En el juicio contra los nueve guardias civiles toma parte el fiscal, aunque la petición de pena sea «ridícula» a juicio de esta abogada, que recuerda que Sarasola estuvo a punto de perder la vida debido a la paliza y que los responsables son funcionarios.

En el caso de Orue la activación popular fue menor, relata la abogada del TAT. Esta joven fue detenida en 2005 durante una de las denominadas «redadas preventivas». Tras negarse a declarar, fue «machacada brutalmente» a golpes durante al menos dos horas. La desesperación provocó que llegara a autolesionarse con un azulejo roto.

Sin embargo, la historia de Maite Orue, como ha ocurrido con tantas otras, no alcanzó fuerza en los medios de comunicación. Una vez minimizada la respuesta popular, el Ministerio de Interior español sí logró esconder el caso.

La denuncia fue archivada en varias ocasiones y sólo gracias al tesón de los abogados defensores ha conseguido que, años después, el caso salga adelante y llegue a juicio, aunque en este caso el fiscal de la Audiencia Provincial de Madrid ha decidido no sumarse a la acusación particular.