«La presunta intención de reclamar el regreso de los presos no excluye la finalidad de reconocer públicamente a los terroristas cuyas fotos se exhibieron ante cientos de personas». Ese es el argumento que fundamenta la decisión de la Fiscalía de la Audiencia Nacional para recurrir la absolución de los cuatro comparseros de Txori Barrote.

Por lo demás fue el de ayer un día de reacciones políticas a la resolución judicial que decreta que no hay delito alguno en mostrar fotos de presos políticos vascos. Para primera hora de la mañana, a través de los micrófonos de Radio Euskadi, el portavoz del PP en la CAV, Leopoldo Barreda, ya había pedido al Ministerio Público que actuase, recurriendo la sentencia.

Barreda anunció que su partido está «dispuesto» a impulsar las reformas legales necesarias «para cubrir las lagunas que pueda haber», aunque confió en que el Supremo dicte una sentencia conforme a sus intereses.

A su vez, el secretario general del PSE de Araba, Txarli Prieto, opinó que la campaña liderada por Lakua de perseguir la exhibición de fotografías de represaliados debe continuar, apostando también por el recurso del fiscal. Prieto insistió en que el Ejecutivo autonómico «tiene que continuar con su política de tolerancia cero con independencia de causas judiciales abiertas y con independencia de si eso puede estar castigado técnicamente por la ley o no».

«Auténtico varapalo

Para el portavoz de la Presidencia de Ezker Batua, Serafín Llamas, la sentencia es «un auténtico varapalo a la campaña de tolerancia cero impuesta por el Gobierno vasco». En declaraciones a la agencia Europa Press, Llamas consideró que el tribunal especial español «coincide» con el TSJPV al «cuestionar la estrategia» desarrollada por el Departamento de Interior que «penaliza reivindicaciones democráticas y legítimas, como el acercamiento de personas presas a sus lugares de origen».

La portavoz de Aralar en la Cámara de Gasteiz, Aintzane Ezenarro, calificó de «un batacazo» a la política de Rodolfo Ares, al que cree que la AN ha «desautorizado», ya que el consejero se había «erigido en juez y parte en una cuestión tan fundamental como la vulneración de derechos básicos, como los de libre expresión y manifestación».

Desde las filas jeltzales, Joseba Egibar insistió en que «en la mayoría de los casos» la exhibición de fotografías de represaliados no supone un delito de «enaltecimiento del terrorismo», incidiendo en que el problema de fondo está en la existencia de una política penitenciaria «vindicativa». Así, el portavoz del PNV en el Parlamento de Gasteiz defendió que los presos «también tienen derechos y que no puede imponerse una política vindicativa» hacia ellos.