La idea de una eventual vuelta de los talibanes al poder para acabar con los más de nueve años de guerra que han desangrado aún más a Afganistán cada vez cobra más fuerza, a pesar de que algunos analistas, especialmente los occidentales, temen que esta decisión suponga un retroceso en el ámbito de los derechos humanos.

Los insurgentes cada vez provocan más pérdidas a las tropas afganas y occidentales. Estos últimos tienen que enfrentarse además a sus respectivas opiniones públicas, cada vez más hostiles a la invasión y que reclaman una estrategia de salida.

Comandantes militares, responsables gubernamentales, diplomáticos y expertos comparten el mismo análisis: el diálogo directo con los talibanes es indispensable para acabar con nueve años de guerra.

Este el objetivo del nuevo Alto Consejo para la Paz, recientemente instaurado por el presidente afgano, Hamid Karzai, colocado en el poder y apoyado por Occidente desde finales de 2001. Según el presidente de este nuevo organismo, el ex jefe del Estado Burnahuddin Rabbani, los talibanes habrían mostrado «cierta voluntad» de dialogar con el Gobierno.

Los rebeldes preparan desde hace tiempo un eventual retorno al poder. Gobernadores, jueces de paz, policías: en numerosas provincias han creado estructuras paralelas, un Gobierno en la sombra que gestiona de facto las cuestiones cotidianas.

Pero las consecuencias de una vuelta al poder, aunque sea parcial, de los talibanes hace temblar a los occidentales, que denuncian el riesgo de que vuelvan las conculcaciones de los derechos humanos que se registraron durante su anterior mandato (1996-2001).