Etxerat, al igual que otros agentes políticos, sindicales y sociales de Euskal Herria, no ocultan su preocupación al ser conscientes de que instancias jurídicas y policiales del Estado español tienen puestos sus ojos en la asociación de familiares y amigos de los represaliados políticos vascos. Ayer, lo hicieron público en la rueda de prenda ofrecida en un céntrico hotel de Bilbo y advirtieron de que la razón de su propio ser es la lucha contra la actual política penitenciaria y sus graves consecuencias, ya que la conocen y sufren «de primera mano».

Iñaki Usandizaga, en nombre de la asociación, denunció que sus actividades, su trabajo diario, se ha visto en los últimos tiempos criminalizado, especialmente a raíz de que el consejero de Interior del Ejecutivo de Lakua, Rodolfo Ares, presentase el 14 de diciembre de 2009 un informe en la Cámara de Gasteiz acerca de las actividades y quehaceres de Etxerat. «Hoy -subrayó- tenemos constancia de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional tiene abierta una investigación sobre Etxerat».

«Estamos padeciendo un hostigamiento constante y creciente, y somos conscientes de que todo ello puede acarrear una situación aún peor en un futuro próximo», manifestó, antes de recordar que son una asociación en defensa de los derechos humanos. «Somos -precisó Usandizaga- una de las múltiples consecuencias del conflicto que vive nuestro pueblo. No queremos que nuestro sufrimiento se convierta en una tragedia íntima, ni que sea criminalizado».

Los familiares y allegados de los represaliados políticos consideran que su realidad debe conocerse para así impulsar la defensa de sus derechos, aunque también dejaron claro que no son las únicas víctimas. «Somos conscientes de que en Euskal Herria el sufrimiento cuenta, por desgracia, con numerosas direcciones. La nuestra es una de ellas y una de las más latentes. No negamos -remarcaron- el sufrimiento de nadie. Sin embargo, nos parece inaceptable que haya quien use este hecho con la intención de borrar nuestro sufrimiento y la cruda realidad a la que se nos somete».

A pesar de que las amenazas se atisban cada vez más cercanas, desde Etxerat declararon su voluntad de hacer «todo lo posible» para salvaguardar los derechos de sus familiares y amigos encarcelados o en el exilio. «Y los vamos a hacer con nuestras mejores herramientas: el testimonio, la ayuda mutua, la denuncia, la interpelación, la movilización social, el cariño y la solidaridad», enumeró Usandizaga a los periodistas, antes de dejar claro que su objetivo es que los y las represaliadas retornen a sus casas.

Pero en esta comparecencia no estuvieron solos, ya que a la misma acudieron representantes de la izquierda abertzale como Niko Moreno y Tasio Erkizia; de Eusko Alkartasuna como Santi Merino y Joseba Gezuraga; de Aralar, Jon Abril; Oskar Matute y Amaia Agirresarobe, de Alternatiba; la secretaria general de LAB, Ainhoa Etxaide; y delegaciones de otras centrales como Hiru, ESK y STEE-EILAS, y Lokarri, entre otras organizaciones solidarias con Etxerat.

Persecución «inaceptable»

En nombre de todos ellos tomó la palabra Amaia Agirresarobe, para rechazar cualquier ataque contra Etxerat, una asociación de la que recordó su legalidad. «Es inaceptable que se niegue el derecho de asociación, de manifestación, y de libre expresión de ideas. Pero más allá de todo esto -resaltó-, nos parece sumamente grave que se criminalice a una asociación de familiares y allegados».

Tras aclarar que sus componentes son víctimas de la política penitenciaria, al igual que sus familiares y allegados, los agentes manifestaron que «el reconocimiento y el respeto al sufrimiento y al dolor que padecen estas personas es el deber inexcusable de una sociedad comprometida con la democracia y con los derechos».

«Lejos de seguir hostigando y criminalizando a Etxerat, se deben de dar pasos en la dirección contraria, en el respeto a todos los derechos, para todas las personas en el conjunto de Euskal Herria, también de las y los presos políticos, y de sus familiares», remarcaron en su alegato.

Al igual que lo hizo antes la asociación perseguida, los agentes exigieron el cese inmediato de las actuaciones en su contra y que «se respeten los derechos de asociación, manifestación y libre expresión que a toda persona y colectivo corresponden en una democracia».