La conmemoración hoy del Día de la Memoria tiene agujeros que objetivamente son insalvables. Se dice, por ejemplo, que hay que centrarse en las víctimas de ETA -ayer lo volvió a hacer la presidenta del Parlamento de Gasteiz- porque es la única organización que sigue en activo. ¿Hasta cuándo habría que retrotraerse?, venía a preguntarse Arantza Quiroga. Hay una respuesta que al menos debieran aceptar los impulsores de la jornada: aun con toda la falsedad que supone, el registro de víctimas de Lakua empieza en 1960 con la atribución a ETA de la muerte de la niña Begoña Urroz. ¿Por qué entonces no recordar a todas las víctimas de los últimos 50 años?

El comunicado oficial habla de las víctimas de ETA así como el GAL, el BVE y otros grupos violentos. La portavoz de Lakua, Idoia Mendia, dijo ayer que los atentados del GAL «son hechos juzgados que pertenecen a la historia». Todavía hay en cárcel militantes de ETA detenidos en los primeros años 80. Sin embargo, no hay ninguno por los escasos atentados del GAL juzgados. Es más, Jordi Porta Laborda, condenado en 1987 a 27 años de prisión por la muerte de Robert Caplanne en Biarritz, fue detenido este agosto como líder de una banda de narcotraficantes.

Según el registro de Lakua -y en atención a la sentencia que absolvió de «pertenencia a banda armada» a Galindo, Bayo, Dorado, Elgorriaga y Vaquero-, a Joxean Lasa y Joxi Zabala no los mató «un grupo violento». A Santi Brouard y Josu Muguruza, tampoco. ¿Caben en este Día de la Memoria?

Los que sin duda tienen su lugar son, por ejemplo, Luis Carrero Blanco, Melitón Manzanas y otras muchas otras personas de convicciones y actuaciones escasamente democráticas. Su condición de víctimas de ETA limpia todo su pasado, convirtiéndose su memoria en «el referente de un futuro en paz, basado en la libertad, la tolerancia, la justicia y el respeto al pluralismo», por lo que hoy podrán ser oficialmente homenajeados. Sin embargo, en el listado de víctimas hay al menos una, José Miguel Beñaran Ordeñana, Argala, a la que ni la bomba del BVE ni la amnistía del 77 borraron su pasado. Homenajearlo está penado con quince meses de prisión.

Así funciona la memoria oficial en un país donde los tribunales mandan retirar las placas dedicadas a los últimos fusilados vascos del franquismo: Txiki y Otaegi.