Una concentración frente al Palacio de Justicia de Bilbo, en la que participaron una treintena de personas, sirvió para reiterar el rechazo de la plataforma ciudadana «Kalea guztiona da» a la ordenanza de Uso del Espacio Público e incidir en que la normativa del Consistorio bilbaino, ya en vigor, se está aplicando de forma «exhaustiva» contra los colectivos más desfavorecidos.

Durante la movilización, los portavoces de la iniciativa David Lopategi y June Fernández denunciaron que los responsables municipales «han cerrado toda posibilidad de diálogo y participación ciudadana», por lo que han decidido recurrir a los tribunales.

Kalea guztiona da alega que la ordenanza del Ayuntamiento de Bilbo «va en contra del artículo 25 de la Constitución dado que se extralimita a la hora de establecer infracciones y sanciones», mediante un reglamento local, en situaciones en las que sería necesaria «la cobertura legal de una norma con rango de ley». Lopategi y Fernández censuraron, por ejemplo, que «se sancionen las prácticas sexuales incívicas, el botellón o lavarse o bañarse en fuentes».

Además, señalaron que, mientras este mismo artículo de la Constitución española establece que, «a la hora de restringir este tipo de libertades, tiene que haber un grado de certeza», la ordenanza impulsada por el equipo de gobierno PNV-EB «abusa de conceptos jurídicos indeterminados» y es «muy ambigua».

La plataforma alude al «principio de proporcionalidad que recoge la Ley del Régimen Jurídico», destacando que la normativa establece multas para sanciones muy graves, de hasta 3.000 euros, en cuestiones para las que «estas multas son desproporcionadas, como el 'top manta'» pese a que «el nuevo Código Penal reconoce que esta actividad no es suficientemente grave para ser punida».

A su entender, la polémica ordenanza va además «en contra de la presunción de inocencia» y del derecho de «no declarar en su contra» porque «establece que es una multa muy grave no suministrar información exacta sobre la sanción en la que se ha incurrido».

Del mismo modo, «Kalea guztiona da» destacó que, si bien «según el Tribunal Constitucional las sanciones no pueden ser transmitibles», la ordenanza recoge que, para las personas menores de edad, «sus padres serán no sólo los responsables civiles, sino quienes respondan punitivamente».