Día de la memoria
Las víctimas de la guerra sucia quedan fuera del Día de la Memoria
Las víctimas de organizaciones paraestatales y parapoliciales dieron la espalda a los actos del Día de la Memoria. Ninguna acudió al Parlamento y sólo familiares de dos de las 80 estuvieron en Ajuria Enea, y una de ellas lo hizo para llevar un mensaje crítico con la celebración.
Iñaki IRIONDO | GASTEIZ
El listado oficial de «víctimas del terrorismo» de la Dirección de Atención del Gobierno de Lakua recoge la existencia de 80 personas fallecidas a manos de grupos paraestatales y parapoliciales. Ninguna estuvo presente en el acto central del Día de la Memoria en el Parlamento de Gasteiz.
A la inauguración de una escultura de Agustín Ibarrola en Ajuria Enea sí que asistieron familiares de María José Bravo del Valle, violada y muerta por el BVE en Donostia cuando apenas tenía 16 años, y dos hijos de Norma Mentxaka, muerta de un tiro en la cabeza por un guerrillero de Cristo Rey en Santurtzi. Estos últimos, llevaron un mensaje crítico a la residencia del lehendakari y a la hora del Pleno del Parlamento se sumaron a la concentración convocada por Aralar.
Como ya se había anunciado, los representantes de EA y Aralar en la Cámara autonómica, juntas generales y ayuntamientos no participaron en los actos oficiales. Tampoco lo hicieron los de la izquierda abertzale ni los de Alternatiba. Todos ellos firmaron el 25 de setiembre la Declaración de Gernika, en la que plantean la «necesidad de un reconocimiento, reconciliación y reparación de todas las víctimas, originadas por el conflicto político y la realidad de las múltiples violencias».
Los actos oficiales comenzaron en Ajuria Enea, con la inauguración de la referida escultura. El lehendakari hizo también su discurso. Y la directora de atención a las víctimas, Marixabel Lasa, leyó la declaración acordada por PNV, PP, PSE, UPyD y EB, donde se recuerda «a las víctimas del terror de ETA, el único grupo terrorista que todavía hoy amenaza la convivencia entre los vascos y a las víctimas provocadas por la violencia criminal del GAL, del Batallón Vasco Español y de otros grupos violentos que, si bien hoy son pasado, originaron un sufrimiento que merece el mismo reconocimiento y reparación».
En el Parlamento, la encargada de la lectura fue su presidenta y se guardó un minuto de silencio. A la sesión fueron invitados miembros de asociaciones y fundaciones de víctimas. En el exterior se colocó un ramo de flores y un pebetero.
La misma declaración institucional se leyó en las juntas generales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa y en los ayuntamientos de las capitales y en algunas otras localidades.
También hubo un acto específico en Arkaute. En la academia de Policía se ha inaugurado un monolito con los nombres de los 15 agentes, mandos y responsables de Interior muertos en atentados de ETA desde 1985.
Laura Martín, viuda de Carlos García Goena, muerto en atentado por los GAL en 1987, y el ex diputado de Izquierda Unida Antonio Romero, pidieron ayer al fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, que abra una investigación a Felipe González por sus declaraciones en las que creen que hizo «apología del terrorismo».
En los escritos remitidos al fiscal se recogen también las menciones realizadas por el ex presidente del Gobierno español al general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo, condenado como inductor del secuestro y muerte de Lasa y Zabala y a quien Felipe González califica como «un gran tipo». A su vez, se detallan las referencias al ex ministro de Interior José Barrionuevo y al secuestro, calificado como «detención», de Segundo Marey.
El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, en declaraciones también defendió la apertura de una investigación por las manifestaciones del ex presidente del Gobierno. A su entender, lo que hace Felipe González «es admitir que pudo tener conocimiento de la guerra sucia contra ETA e incluso que pudo ser él» quien lo autorizó o desautorizó en cada uno de los casos. «Eso exige que se aclare», concluyó.
Por contra, las principales asociaciones de jueces y fiscales han considerado «desproporcionado» e improcedente que el ex presidente se tuviera que sentar ante los tribunales para aclarar las afirmaciones realizadas en la entrevista publicada el pasado domingo y ratificadas después por él mismo desde Cartagena de Indias en Colombia.
Las asociaciones de jueces y fiscales coinciden en señalar que resulta «inadmisible» que una parte de la estructura del Estado llegara a proponer la ejecución de acciones ilegales, pero consideran que el carácter político, la «imprecisión» y la escasa trascendencia jurídica de las declaraciones, así como la probable prescripción de los hechos, hacen improbable que González sea llamado a declarar ante un juez. GARA
En la plaza Virgen Blanca de Gasteiz, a escasos metros del Parlamento, se concentraron representantes institucionales de Aralar pidiendo un reconocimiento completo para todas las víctimas. Junto a ellos se encontraban Roberto y Margarita Fernández Mentxaka, hijo e hija de Norma Mentxaka, una vecina de Santurtzi que el 9 de julio de 1976 bajó de casa para participar en las fiestas y cayó abatida por disparos de guerrilleros de Cristo Rey. Su familia ha tenido que batallar durante años, pues el Ministerio de Interior se negaba a concederles la condición de «víctima del terrorismo» y las indemnizaciones correspondientes.
Antes de acudir a la concentración de Aralar, Roberto Fernández Mentxaka estuvo en el acto organizado en Ajuria Enea. Según declaró, «creo que hoy aquí falta gente y que se ha perdido una gran oportunidad, porque siempre he denunciado que las víctimas no son exclusivamente víctimas de ETA. Hay muchas más, entre ellas yo mismo, que soy hijo de una víctima de la extrema derecha, y me ha costado mucho que se me reconociera como tal».
Apuntó que «se ha dado un gran paso, pero se ha perdido una gran oportunidad porque pienso que deberíamos de estar todos y no sacar una declaración como la que se ha leído hoy, diciendo a su vez, que `el año que viene...'; porque el caso es que quienes estamos en esta situación llevamos pasando mucho tiempo esperando `este año'».
Roberto Fernández Mentxaka apuntó que había transmitido sus opiniones tanto al consejero de Interior, Rodolfo Ares, como a Txema Urkijo, adjunto a la Dirección de Víctimas del Terrorismo del Gobierno de Lakua. I. I.
