La doctrina oficial establece ahora que «el derecho a la memoria tendrá como elemento esencial el significado político de las víctimas del terrorismo, que se concreta en la defensa de todo aquello que el terrorismo pretende eliminar para imponer su proyecto totalitario y excluyente».

Supongo que es lícito preguntarse cuál es pues el «significado político» de las 31 víctimas mortales del BVE, las 5 de la Triple A, las 8 de la extrema derecha, las 5 de los GAE y las 26 de los GAL. ¿Cuál es el «significado político» de Lasa y Zabala, muertos por mandos de la Guardia Civil con involucración del gobernador civil de Gipuzkoa? ¿Cuál el de Santi Brouard? ¿Y el de Josu Muguruza?

Debería también analizarse cuál es el «proyecto totalitario y excluyente» que coincidían en querer imponer esas siglas bajo las que se amparaban desde ultraderechistas y delincuentes mercenarios, hasta militares y agentes policiales, pasando por cargos del PSE y ascendiendo por la pirámide institucional hasta alcanzar -a falta de despejar la «X»- al ministro de Interior.