La necesidad de conseguir la normalización progresiva de la política vasca y la regeneración democrática de la vida pública es un reto colectivo de primer orden. Conseguir que la representación institucional se base en la voluntad popular libremente expresada y que ésta pueda apoyar o sancionar por igual todas las ofertas programáticas debería ser el interés supremo de los partidos políticos. Estar a la altura de los tiempos y tener la generosidad de sacrificar réditos a corto e incluso siglas propias en beneficio de la compactación de una nueva realidad radicalmente democrática va a retratar a la clase política vasca. Y el mapa político actual, desmesurado y trampeado, deberá transformarse en buena lógica. Pero el desafío y el tiempo exigen ir más allá y atacar la raíz de ciertas praxis políticas. En concreto, la influencia del dinero en la política vasca, el escrutinio público sobre quién paga y qué compra. La proliferación de los casos de corrupción, como punta del iceberg del fenómeno, es un buen indicativo de ello.

La comisión contra la corrupción en las Juntas Generales de Araba, el código ético en el Ayuntamiento de Oiartzun, Sprilur, Osakidetza... la multiplicación de casos y antídotos puede llevar al ciudadano vasco a perderse en la maraña de la casuística y a no poder concentrarse en lo fundamental: el factor de la gran corrupción en la política vasca, ocultado tras el ruido medioambiental y el interés mediático que el conflicto político ha generado. Se han establecido prácticas de corrupción y de compraventa política que sería deseable desmontar en el marco de la tarea de regenerar la política vasca. Ya es un secreto a voces que corporaciones mediáticas, empresas de obra pública, grupos industriales autóctonos..., en la antesala de una nueva realidad y en periodo preelectoral, van a jugar la carta del dinero para condicionar la política vasca.

Sin embargo, no podrán comprar tan fácilmente el voto popular en Euskal Herria. El capital militante y la defensa de los principios también cotizan, y la izquierda abertzale puede estar orgullosa y confiada en sus activos. Pero saber que en la política vasca el dinero no lo es todo no exime del deber de saber quién paga y, sobre todo, qué compra. Este país se juega mucho en ello.