Ataque a los derechos civiles en un contexto de cambio político
La decisión del Tribunal de Pau de aceptar la euroorden de la Audiencia Nacional española contra la representante de Batasuna Aurore Martin ha provocado el rechazo generalizado en Ipar Euskal Herria. Enérgico rechazo de numerosas entidades y personas de diversos campos que abarcan prácticamente todo el arco ideológico, partidos desde la izquierda abertzale hasta el PS, que ayer denunciaba que la justicia española y los tribunales franceses muestran su voluntad de «criminalizar actos políticos democráticos».
La izquierda abertzale había calificado de preocupante el proceso contra Martin. Ciertamente lo era, y hoy lo es más, pero no sólo desde el punto de vista de Batasuna, sino desde el más elemental punto de vista democrático, porque supone un claro ataque a los derechos civiles y políticos y además podría ser un grave precedente. Se trata de una colaboración del Estado francés con una estrategia tramposa del español que pretende la ilegalización de facto de una formación política legal, como es Batasuna en el Estado francés. A la espera del recurso que con toda seguridad cursará la defensa de Martin, la decisión del Tribunal de Pau avala el absurdo de que los militantes de una formación política legal que realizan su trabajo públicamente puedan ser entregados a otro estado y en ese momento convertirse en militantes de una organización ilegal. Dentro de unas semanas se sabrá la decisión de la Corte de Apelación, que en anteriores ocasiones ha detenido otros procesos contra políticos vascos, pero también el Tribunal de Pau había rechazado anteriormente las euroórdenes provenientes de la Audiencia Nacional española.
Por otro lado, la decisión resulta aún más grave en el contexto en el que se ha cursado la euroorden contra Martin y la ha aceptado el tribunal. Dicho contexto es el de la firme apuesta por un escenario en el que el diálogo sea el único instrumento de confrontación política, un escenario plenamente democrático hacia el que la izquierda abertzale y otras fuerzas políticas, sociales y sindicales se han encaminado ya. Preocupante y grave, en fin, porque es la última muestra clara de los estados español y francés no sólo de que ésa no es su apuesta, sino también de que la confrontación en términos políticos les provoca algo más que incomodidad.