EA ha registrado en el Parlamento de Gasteiz una Proposición no de Ley en la que insta al Gobierno de Lakua y a las diputaciones a que elaboren en el Órgano de Coordinación Tributaria «un plan conjunto que contemple medidas concretas y financiación suficiente para lograr la máxima eficacia contra el fraude fiscal» que, según recordó ayer este partido, roza cada año en la CAV el 20% del PIB, unos 10.000 millones de euros.

El parlamentario Juanjo Agirrezabala compareció ayer en rueda de prensa para explicar los detalles de esta iniciativa parlamentaria, en la que, señaló, reclama un plan institucional por ser «la mejor manera de combatir el fraude fiscal con eficacia». «No tiene sentido que en este tema cada diputación haga la guerra por su cuenta, porque eso va en detrimento de su eficacia», argumentó. En este sentido, expuso el dato de que hoy día sólo se detecta poco más del 5% del fraude fiscal existente.

«Por eso -insistió-, hace falta un plan conjunto en el que también el Gobierno tenga una participación importante; nadie entendería que las diputaciones pusieran pegas por defender a ultranza alguna de sus competencias aunque ello supusiera ser menos eficaz en la lucha contra el fraude».

El parlamentario de EA recordó también que el impacto del fraude fiscal en la economía es «infinitamente mayor» que el que pueda significar el fraude a pequeña escala en la percepción de las ayudas sociales y, por este motivo, «sin discutir la necesidad de controlar el destino de esas ayudas», sostuvo que Lakua y las diputaciones «deben tener claro que su prioridad tiene que ser perseguir y evitar el fraude fiscal, porque es ahí donde Euskadi está perdiendo miles de millones de euros».

Por contra, Agirrezabala calificó de «irresponsabilidad» poner el foco en las ayudas sociales, como ha hecho el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales que dirige Gemma Zabaleta, porque «eso únicamente sirve para criminalizar y estigmatizar a los sectores de la población económicamente más débiles y para extender en la sociedad una idea de fraude generalizado que no responde a la realidad». A su juicio, «está bien combatir el fraude en las ayudas sociales, pero más importante es actuar contra los grandes defraudadores, y ahí no vemos tanto interés ni por parte del Gobierno, ni por parte de las diputaciones».