Víctimas de la violencia estatal
La Cámara de Gasteiz declara estar dispuesta a reconocer a víctimas de la violencia estatal
Los grupos del Parlamento de Gasteiz se mostraron ayer dispuestos a trabajar por el reconocimiento y la reparación de las víctimas de la violencia estatal y paraestatal. En el informe presentado por el Gobierno de Patxi López -que los grupos abertzales calificaron de insuficiente- se recoge la necesidad de crear una ponencia, que apoyaron todos los portavoces salvo el del Partido Popular, que entiende que es suficiente que esa tarea la aborde el Ejecutivo autonómico.
Iñaki IRIONDO | GASTEIZ
Lo que no fue posible ni en 2000 ni en 2008 parece que puede encontrar un cauce de avance ahora. Todos los grupos parlamentarios mostraron ayer su disposición a trabajar para la búsqueda de la verdad, el reconocimiento y la reparación de las denominadas «víctimas de la violencia de motivación política», que en realidad agrupa a las víctimas de la violencia estatal y paraestatal.
En 2000 la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento de Gasteiz, presidida por Iñigo Urkullu y con el apoyo de todos los grupos salvo PSE, PP y UA, hizo un ingente trabajo sobre todas las víctimas de la violencia, que finalmente no fue aprobado por la retirada de EH de la institución. En 2008 la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno tripartito, liderada por Jon Landa, elaboró un informe que recogía la existencia de 109 muertos y 538 heridos, que volvió a ser vetado por PSE y PP.
En esta ocasión, con un informe de apenas 38 páginas, firmado por la Dirección de Derechos Humanos y la Dirección de Víctimas del Terrorismo sobre la base de un documento encargado a Unesco Etxea, parece que existen los mimbres para comenzar un trabajo parlamentario más profundo que proponga vías de reconocimiento y reparación para estas víctimas.
En la presentación de ayer, los portavoces de EA, Aralar y PNV incidieron en que este informe es de peor calidad y más escaso que el de 2008, pero aceptaron tomarlo como el inicio de un camino.
«Deuda de las instituciones»
Hace un año, el Parlamento solicitó que en el plazo de seis meses se presentara un informe que desarrollara el de 2008. Los plazos no se han cumplido. Lakua tenía para junio el documento encargado a Unesco Etxea, pero no fue hasta hace unas dos semanas cuando presentó un primer borrador a algunos grupos parlamentarios, entre ellos el PNV, excluyendo a otros menores.
La directora de Derechos Humanos, Inés Ibáñez de Maeztu, y la de Atención a las Víctimas del Terrorismo, Maixabel Lasa, presentaron ayer su informe en la comisión, que recoge ya algunas de las recomendaciones que le hicieron desde el PNV.
Inés Ibáñez de Maeztu comenzó pidiendo disculpas porque en una sesión anterior se hubiera referido a las personas recogidas en este informe como «las otras víctimas». Lo atribuyó a «un contagio mediático» y aseguró que éstas «son también nuestras víctimas y su reconocimiento por los poderes públicos era una deuda contraída por las instituciones de este país».
En cualquier caso, tanto en su comparecencia como en el informe, se observa la obsesión del Ejecutivo de López por resaltar que el reconocimiento de estas víctimas no significa aceptar, y de hecho lo «rechaza con rotundidad», «el análisis que pretende presentar esta realidad como el enfrentamiento de dos violencias (ETA y el Estado) provocado por un conflicto político». El temor del Gobierno, del PSE y del PP, es que esto pudiera entenderse como una legitimación de la violencia de ETA.
Tres etapas históricas
El informe distingue tres etapas en relación a las «víctimas de violencia de motivación política». Una primera, durante la dictadura franquista y hasta 1977 de represión generalizada. Otra etapa iría hasta mediados de la década de los 80, cuando la represión de «algunos agentes públicos» se combina con «la acción de grupos parapoliciales y de extrema derecha alentados o tolerados desde ciertas instituciones del Estado español». En la tercera fase, la existencia de abusos de autoridad y extralimitaciones del poder ya no se considera que sean de «motivación política».
En teoría, esta distinción no afecta al tratamiento que reciban las víctimas, pero las conclusiones del informe, en su punto 9.5, dejan abierta la posibilidad de un trato diferencial para las víctimas producidas «en un contexto plenamente democrático».
El informe reconoce el derecho a la justicia, la reparación y la verdad para todas las víctimas. Propone crear un «espacio institucional administrativo» que se encargue de los trámites necesarios para ello. Además, pide al Parlamento que adopte las normas necesarias, que ofrezca la dotación presupuestaria suficiente y que haga una declaración pública institucional informando de los pasos. Todo este trabajo debería realizarse a través de la creación de una ponencia.
Los grupos
Todos los portavoces de los grupos admitieron la necesidad de comenzar a trabajar cuanto antes, salvo el representante del PP, Carlos Urquijo, que no considera necesaria la creación de una ponencia.
Desde EB, Mikel Arana, aceptó el texto como un mínimo de consenso, e invitó a que se desarrolle «sin prisa» como propone el Gobierno, pero «sin pausa».
Juanjo Agirrezabala, de EA, calificó el informe de «insuficiente» y lleno de resistencias a asumir la responsabilidad del Estado. Manifestó la necesidad de afrontar la cuestión de la tortura en el amplio espectro que hay entre las denuncias presentadas y las sentencias logradas.
Aintzane Ezenarro destacó que en el documento del Gobierno falta la voz de las víctimas. Pidió que el «espacio institucional» que se cree no se limite a ser una ventanilla de recepción de lo casos, sino que se acerque a las víctimas.
El PP, a través de Carlos Urquijo, felicitó a los autores del informe, pero consideró un «exceso inadmisible» que se hable de connivencia de «gobiernos legítimos de UCD y PSOE» con grupos parapoliciales. Además, rechazó que el Parlamento o la sociedad vasca tenga ninguna deuda con estas víctimas y añadió que sólo la tiene «con las víctimas del terrorismo».
Jesús Loza, del PSE, animó a comenzar a trabajar este mismo mes. Rechazó cualquier equiparación con las víctimas de ETA o la existencia de un conflicto, pero, llamativamente, habló de la violencia paraestatal como «reactiva» a la «terrorista».
El jeltzale Iñigo Iturrate se sumó a la petición de celeridad, pidió un calendario de trabajo e invitó desde ya al Gobierno a trabajar por hacer creíble esto para las víctimas.
La Comisión de Derechos Humanos del Parlamento de Gasteiz está presidida por el PP, por lo que a la vista de lo expresado ayer por su portavoz, habrán de ser otros grupos quienes impulsen los trabajos sobre las víctimas de la violencia estatal.
La obsesión del Gobierno, el PSE y el PP es que el reconocimiento de las víctimas de la violencia estatal o paraestatal no lleve a que se entienda que hay dos violencias enfrentadas (ETA y el Estado) que se legitiman entre ellas. Sin embargo, el ámbito temporal del informe comienza en enero de 1968, que es la fecha en la que se recoge en la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo. De hecho, como se pretende atribuir a ETA el atentado que mató a la niña Begoña Urroz y retrasar esta fecha hasta 1960, ayer también hubo quien pidió que eso afectara también a este informe. ¿Por qué escoger fechas relacionadas con ETA si esto no tiene nada que ver? I.I.
El informe presentado por el Gobierno de Patxi López en relación a las víctimas de la violencia estatal es en más de sus tres cuartas partes un «cortar y pegar» del que les había enviado Unesco Etxea. Sin embargo, las alusiones explícitas al listado de víctimas se cortaron, pero no se pegaron. No aparecen por ningún lado.
El adjunto a la Dirección de Víctimas, Txema Urkijo, alegó que la aparición de un listado de víctimas en un informe de este tipo podría llevar a confusión, al pensar quien figurara mencionado que ya tenía derecho a algún tipo de compensación, cuando esto es algo que deberá hacerse tras una evaluación caso por caso.
Este peligro, de existir, queda conjurado en el documento que le entregó Unesco Etxea, en el que se introduce una nota en la que se afirma expresamente que «la inclusión de estos listados no supone necesariamente juicio definitivo sobre la veracidad de las circunstancias que se describen o denuncian, sino el reconocimiento de elementos que obligan al estudio de los casos».
El informe gubernamental elimina todo el punto 8 del trabajo de Unesco Etxea, en el que se recoge la ficha utilizada para realizar el listado sobre la base del trabajo realizado por el tripartito en 2008, e incluso se menciona que hay personas que no se han incluido en el nuevo listado porque al analizar el caso se considera que no hay información suficiente, no entran dentro del ámbito del informe o que deben ser consideradas víctimas del terrorismo o reparadas por la Ley de Memoria Histórica.
El trabajo de Unesco Etxea analizando el listado de víctimas podría justificar con mayor claridad el precio de la contratación (65.808,60 euros) muy elevado para un mero informe teórico de apenas una treintena de folios.
Durante la comisión parlamentaria de ayer, la portavoz de Aralar, Aintzane Ezenarro, manifestó que aunque el listado no figura en el informe, al estar ya en el precedente de 2008 puede entenderse que es una base sobre la que trabajar y completar. Por contra, el parlamentario de EA, Juanjo Agirrezabala, mostró su preocupación de que se trate de un intento de olvidar que «estas víctimas también tienen nombres y apellidos».
Otro de los puntos en los que el Gobierno de Lakua ha recortado el trabajo de Unesco Etxea es el de incluir abierta y explícitamente a «víctimas de la tortura» como una de las categorías a abordar. Según el informe presentado ayer se reconocen tres tipos de víctimas, las de una vulneración al derecho a la vida, las de una vulneración del derecho a la integridad y las víctimas de otros sufrimientos graves e injustos atentatorios contra su vida o su integridad. En el original de Unesco Etxea se incluían las víctimas de la tortura y se especificaba que la integridad podía ser «física o síquica».
En cualquier caso, es de destacar que el informe del Ejecutivo hace mención expresa de la tortura y a la existencia de algunas carencias de la legislación española. Aborda la necesidad de investigar los casos, pero obvia las recomendaciones de acabar con la incomunicación. I. IRIONDO
La adjudicación del expediente OV-213/10 a Unesco Etxea para la «elaboración del informe de vulneraciones de derechos humanos derivados de la violencia política» se realizó oficialmente el 23 de setiembre de 2010. Sin embargo, en realidad, estaba en manos del Gobierno autonómico en junio e incluso se remitió copia a algún grupo parlamentario, según confirmó ayer el PNV a este diario.
Interior hizo en abril un primer intento de contratación con Unesco Etxea. El 10 de mayo la convocatoria quedó desierta, «al constatar que la oferta económica presentada excede el presupuesto máximo de contratación, al haber licitado sin IVA por el presupuesto máximo del expediente, que incluye el IVA».
Después se volvió a realizar un segundo intento de contratación y fue el Gobierno de Lakua quien se ajustó a las exigencias económicas de Unesco Etxea. El contrato se cerró el 23 de setiembre por un importe de 65.808,60 euros, pero el informe estaba ya en manos del Departamento de Interior desde junio.
En su comparecencia de ayer, el adjunto a la Dirección de Víctimas, Txema Urkijo, afirmó que se habían dirigido a varias entidades externas para recibir aportaciones. Sin embargo, en las bases de datos oficiales sólo figura la contratación de Unesco Etxea, cuyo informe es la base del gubernamental. I. IRIONDO
