Ante quienes se niegan a reconocer que el actual marco jurídico político está agotado; ante quienes pretenden afianzar el actual modelo neoliberal, patriarcal y capitalista, y ante quienes quieren seguir conculcando los derechos que Euskal Herria y quienes vivimos en ella, tenemos: Zutik udalerriok!

Últimamente venimos leyendo en la prensa «perlas» muy serias por parte del PSE, y concretamente en boca de su responsable autonómica de Servicios Sociales y Empleo. No me preocupa su irresponsabilidad política y pública, ni me asusta su «apuesta de país» ni mucho menos su afán por «aleccionar» a los ayuntamientos y a su ciudadanía. Todo esto deja en evidencia la urgente necesidad del cambio político y social por el que la mayoría de fuerzas políticas, sindicales y sociales, junto con la ciudadanía de Euskal Herria, han apostado.

Todas esas graves afirmaciones tienen una lógica, y desde esa lógica, la capitalista, vienen diseñando la defensa de su propia incompetencia, a través de la dejación de su propia responsabilidad política y social en manos de la ciudadanía de a pie y de sus ayuntamientos.

Estamos viendo la soberbia más grande que un partido político haya utilizado jamás: lanzando amenazas contra los ayuntamientos, entrando en una espiral de competitividad absurda, convirtiendo al ciudadano en un chivato en aras a la proclama de la denominada corresponsabilidad. Y no se queda ahí la prepotencia institucional de esa Consejería autonómica, su osadía llega al extremo de lanzar mensajes subliminales contra los municipios acusándoles de «gestionar mal», y quizás de estar «repartiendo ayudas» sin control y de forma fraudulenta. En definitiva, poniendo a los pies de los caballos al colectivo de trabajadores y trabajadoras sociales valiéndose del sufrimiento y desesperación de la ciudadanía.

La lucha por la transformación social no se centra en qué lugar del ranking europeo se encuentra el sistema vascongado de servicios sociales, qué va, ni se trata de transferencias ni de mayores ingresos en las ayudas de emergencia social; se trata de soberanía, de soberanía política, de soberanía económica; de soberanía y democracia. Sin medias tintas.

Esos partidos políticos definieron el contenido y desarrollo de leyes vascongadas -como la Ley de Servicios Sociales, la de Garantía de Ingresos, etc.- y definieron, también, cuáles eran prestaciones de derecho y cuáles de carácter subvencionable. Las aprobaron, además, tomando como marco la partición de nuestro pueblo. Otro ejemplo de su quehacer está en la Ley de la Dependencia Española, con la que, entre otras cuestiones, la mujer es condenada a la responsabilidad de los cuidados familiares para toda su vida. Un gigante de pies de barro, en un marco legal que no es legítimo.

Es evidente que los debates presupuestarios de las diferentes instituciones vienen marcados por la crisis económica. Una crisis que ha caído del cielo y que con resignación -porque nos ha tocado- la debemos afrontar como podamos. Nos dicen también que el gasto no es ilimitado; los mismos -PSE, PNV, PP, UPN- que han compartido la agenda neoliberal y que con su lógica capitalista han desarrollado políticas de subvenciones millonarias a bancos, cajas de ahorro, etc.; despilfarran el dinero público en obras faraónicas como el TAV; reducen de forma alarmante los impuestos a los ricos, modifican el IRPF, reducen el Impuesto de Sociedades y eliminan el Impuesto de Patrimonio, y nos obligan, vía Cupo, a financiar instituciones y a ex presidentes extranjeros, etc.

No existe la casualidad, sino la causalidad; las decisiones que toman tienen su causa, su razón, su destino. Es necesario para el Capital, que en esta época de ajustes económicos, necesita nuevos nichos de negocio. De ahí el papel del looby Gipuzkoa Aurrera analizando los servicios sociales en Gipuzkoa.

La «solución» a todos nuestros problemas, por lo visto, es Lanbide (su sistema de Servicio de Empleo), y para su puesta en escena, lanzan una ofensiva para erradicar el supuesto fraude en las Ayudas de Emergencia Social, Renta de Garantía de Ingresos y otros complementos. Una batalla que para nada planifican realizar en contra del fraude fiscal -sobre el que están haciendo la vista gorda y que se sitúa en miles de millones de euros-. Y lo hacen con el argumento de que los ayuntamientos hemos funcionado como «reinos de taifas» y que, por lo visto, repartimos las ayudas según nuestro criterio y sensibilidad política.

El actual marco jurídico-político-administrativo impide el análisis y el diagnóstico real para que, en materia de política social (y referente a los derechos de servicios sociales también), Euskal Herria, como nación, se dote de sus propios mecanismos y herramientas a fin de ejercer los derechos y de garantizar el ejercicio de los mismos. ¡Desde los ayuntamientos respondamos como pueblo, construyendo una política social de País, en clave nacional, abertzale y de izquierdas!

Por el cambio político y social, Zutik udalerriok!