La Administración de Estados Unidos se ha visto obligado a revisar el sistema de comunicación entre sus diferentes departamentos -para lo cual Obama nombró ayer un responsable-, puesto en marcha tras los atentados del 11-S, después de las revelaciones de Wikileaks, sobre cuyo fundador, Julian Assange, pesa ahora una orden de arresto internacional.

Interpol reportó ayer la emisión de una «difusión roja» a sus 188 países miembros para pedir la detención y extradición de Assange, contra el que Suecia había emitido una orden de arresto en el marco de una investigación por «sospechas razonables de violación, agresión sexual y coerción».

En su página web, la agencia internacional dijo que cualquier persona que tenga información sobre el ex hacker debía ponerse en contacto con la policía nacional o local. Su paradero es desconocido.

El fundador de la controvertida organización apeló ayer en segunda instancia al Tribunal Supremo sueco para impugnar la orden de arresto emitida por la justicia sueca en su contra el 18 de noviembre. Se trata del último recurso legal de la defensa.

Un tribunal sueco ordenó la detención del fundador de Wikileaks el 18 de noviembre como resultado de una investigación iniciada en setiembre por la Fiscalía sobre acusaciones de violación, abuso sexual y coacción ilegal.

Assange declaró que los alegatos en su contra no tenían fundamentos y criticó lo que calificó como un circo legal en Suecia, donde había intentado crear una base para beneficiarse de sus estrictas leyes de protección del periodismo.

Los expertos dicen que las autoridades estadounidenses podrían enfrentarse a obstáculos legales irreversibles si quisieran presentar cargos legales contra Assange por los documentos y cables filtrados.

El letrado encargado de representar a Assange, Björn Hurtig, remarcó que «es muy sorprendente que Interpol adopte medidas tan extremas por algo que la Corte de Apelación dijo que era una violencia de tipo menor. Parece ridículo». Por ello, en declaraciones a la prensa sueca, sugirió que «debe haber otra cosa detrás de todo esto», y dijo que algo «huele mal» en el caso.

Entretanto, este escurridizo australiano de 39 años, sobre cuya vida privada apenas se conocen datos, hizo el martes unas declaraciones, a través del sistema de telefonía por Internet Skype, a la revista «Time» afirmando que la secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, «debería dimitir si se puede demostrar que fue responsable de ordenar que diplomáticos estadounidenses se involucrasen en tareas de espionaje en Naciones Unidas, violando los tratados internacionales firmados por EEUU».

Ayer mismo obtuvo la respuesta del portavoz de la Casa Blanca, Robert Gibbs, quien tachó la petición de Assange como «ridícula» y «absurda». No contento con eso, y obviando el chaparrón que se cierne sobre Washington, aún le quedaron arrestos para sacar pecho: «nuestra política exterior es por cierto más fuerte que la opinión de un individuo que sólo tiene un sitio en la web».

No obstante, el golpe ha dolido, y se nota. Así lo afirmó ayer el secretario de Estado adjunto de EEUU para Asuntos Políticos, William Burns, quien admitió que la filtración ha provocado un «importante daño» a la diplomacia de ese país.

Circuito secreto

La correspondencia diplomática que Wikileaks empezó a publicar el domingo procede del sistema de comunicación utilizado por los departamentos de Estado y Defensa de EEUU, según desatacó ayer «Der Spiegel».

Una parte de los documentos procede del sistema SIPRNet (Secret Internet Protocol Router Network), al que tienen acceso unos 2,5 millones de funcionarios estadounidenses a través de computadoras autorizadas, cuyos procedimientos de acceso son modificadas cada 150 días aproximadamente, indicó el semanario alemán «Der Spiegel», uno de los cinco periódicos del mundo que tuvieron la primicia de dichos documentos.

Los documentos tipificados como «top secret» no transitan por la red SPIRNet -puesta en marcha tras los atentados del 11 de setiembre de 2001-, pero unas 850.000 personas tienen acceso a ellos, de acuerdo a la publicación.

Las revelaciones de Wikileaks conciernen 251.287 documentos enviados por diplomáticos estadounidenses a Washington y 8.000 directivas de la Casa Blanca remitidas a sus embajadas.

Solamente el 6% de los documentos publicados, es decir 15.652 mensajes, son «secretos». De éstos, 4.330 llevan la consigna «no comunicar a extranjeros». Aproximadamente 40% de los documentos están clasificados como «confidenciales» y la mayoría no lleva ninguna inscripción restrictiva.

Excepto un documento que remonta a 1966, la mayoría de los publicados el domingo fueron enviados entre 2004 y fines de febrero de 2010, fecha en la cual, por razones desconocidas, la fuente de Wikileaks dejó de transmitir.

Prudencia

La publicación «Der Spiegel» se muestra sumamente prudente en la explotación de estos documentos, ya que dice no saber «en qué circunstancias el informador de Wikileaks pudo copiarlos» y si los documentos en cuestión representan toda la producción o son «una selección hecha según criterios que ignoramos».

Así, la ausencia de documentos «top secret» puede explicarse por el hecho de que el informador no tuviera acceso a ellos, o bien porque no deseó publicarlos por algún motivo, como no dejar pistas sobre su identidad, por ejemplo.

Los mensajes diplomáticos son comprensibles para todo el mundo, ya que en general no están redactados en condiciones de urgencia, pero su exactitud no es segura. «Los autores no vacilan en informar sobre el más pequeño comadreo o rumor de pasillo» en sus notas, redactadas con la idea de que no se publicarán antes de un plazo de 25 años, escribe «Der Spiegel».

Mientras el mundo conoce lo que sucede entre las bambalinas de la diplomacia mundial, el enigma sobre Assange sigue en la sombra: se niega a decir dónde va o de dónde viene, vive de capital en capital alojándose en casas de amigos, no da su número de teléfono y ni siquiera precisa la fecha de su nacimiento, porque «estamos ante organizaciones que no obedecen a reglas. Estamos ante agencias de inteligencia».