La directora de Atención a las Víctimas, Maixabel Lasa, afirmó que el informe del Gobierno de Lakua sobre «víctimas de motivación política» es un paso para una nuevo tiempo de convivencia. Un paso medido, que suprime cualquier censo de afectados por la violencia estatal, incluido el del documento encargado a Unesco Etxea, clasifica a las víctimas en distintos periodos y niega que algunas de ellas lo sean como consecuencia de vulneraciones de derechos por motivación política, si bien solicita la investigación también de esos casos y la reparación de todas las víctimas. No obstante, todos los grupos se mostraron dispuestos a comenzar a trabajar por el reconocimiento y la reparación de las víctimas de la violencia estatal y paraestatal, salvo el PP, que no considera necesario crear una ponencia para ello.

El informe reconoce que las víctimas provocadas por la Policía y los grupos parapoliciales hasta 1985 lo fueron con motivación política y amparadas en la impunidad. Bienvenido ese reconocimiento; quienes se niegan a equiparar a las víctimas de la Policía con las de ETA tienen un elemento de difícil equiparación en la impunidad habida en unos y otros casos . Pero por otro lado, el informe de la Dirección de Derechos Humanos y la Dirección de Víctimas del Terrorismo entiende que a partir de mediados de la década de los 80 no existe motivación política en las vulneraciones de derechos humanos por parte del Estado, porque para esa fecha existía «un Estado democrático y de Derecho», en lugar de reconocer que esas vulneraciones, al provenir de los aparatos del Estado, ponen muy en cuestión ese carácter democrático del Estado.

La decisión de crear una ponencia para abordar la reparación de las víctimas de la violencia estatal se trata, en efecto, de un paso, un paso insuficiente, como afirmaron ayer los portavoces de algunos grupos; pero que debería desembocar en el reconocimiento y la reparación de todas esas víctimas que, según el riguroso trabajo de Euskal Memoria, se acercaría al medio millar.